El ministro de la Corte Suprema Carlos Cerda hizo un repaso de su carrera en el Poder Judicial a pocos días de dejar su cargo por cumplir los 75 años, edad límite para desarrollar la labor de magistrado en el máximo tribunal.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el emblemático magistrado que quedó en la historia por su trabajo en materia de derechos humanos, relató algunas de sus peripecias en el Poder Judicial, como su desafío a la dictadura al negarse a aplicar la ley de Amnistía en el denominado "caso de los 13", la desaparición de 11 integrantes del PC y dos del MIR.

El juez Cerda aseguró que durante el régimen cívico militar el Poder Judicial no estuvo comprometido con defender los derechos esenciales de las personas.

"Cuando uno está en el servicio público para defender los derechos esenciales de las personas, cualquier situación que de manera más o menos evidente atenten contra esos derechos, uno no tiene ninguna duda respecto de lo que tienen que hacer y simplemente lo que hay que hacer es comprometerse con la defensa a ultranza de esos derechos, que en ese caso se trataba de la vida, la integridad física y síquica, las libertados y las igualdades en general", dijo el magistrado.

"Creo que, sin afán de ser juzgador de mis entonces colegas, no había una actitud como la que desde mi punto de vista correspondía, es decir, un compromiso con los derechos esenciales de las personas y cuando te sientes solo, sin el apoyo institucional, se hace difícil", aseguró Cerda, quien reconoció que fue llamado al orden por sus superiores en varias ocasiones.

El magistrado recordó que en 1977 se había iniciado una investigación a la solicitud del cardenal Silva Henríquez por la desaparición de los dirigente de la cúpula del PC en la clandestinidad la cual le tocó heredar cuando llegó a la Corte de Apelaciones.

"Mientras llevaba la investigación durante unos tres años, con mucha intensidad, con dedicación plena, hubo siete u ocho oportunidades en que la Corte Suprema mediante recursos de queja, un recurso de tipo disciplinario, estorbaba el buen curso de la investigación de diversas formas, o se revocaban o dejaban sin efecto las resoluciones, tanto por la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Ese es un tipo de intervención obstructiva, significando una falta de apoyo en lo procesal", enfatizó.

"Las dos sanciones de la Corte Suprema en el año 1986 y luego a comienzos de 1991 que me suspendió en ambas oportunidades durante dos meses y privándome de la mitad de mi sueldo", recordó.

También relató que hubo situaciones amenazantes a propósito de un episodio que recordó ocurrido en los últimos años de la década de los 80 en el estacionamiento de la Corte de Apelaciones, en Compañía con Bandera.

"(Allí) encuentro que inmediatamente del lugar señalizado para aparcarme yo, había un forado de unos 50 centímetros de profundidad en el pavimento y de un ancho de unos 80 centímetros a un metro y las ventanas del Palacio de los Tribunales que daban a esa esquina estaban desencajadas. Se supo que hubo una explosión a las 02:00 de la madrugada y de haber estado alguien ahí la suerte que hubiera tenido no era muy promisoria. Poco antes de las 02:00 yo había sacado el auto de ahí", aseveró asegurando que "si eso genera temor, no lo sentí".

En cuanto al caso de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, el magistrado sostuvo que no tuvo la opción de conocer el caso en profundidad. 

"No tuve nunca una oportunidad procesal para ingerir en esa causa, (pero) como ciudadano me sentiría inclinado a pensar que no es descartable que haya sido una asesinato, pero tengo el defecto de juez que sin tener antecedentes no pudo confirmarlo", concluyó.