Con un tono de molestia, el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, consideró inadmisible que las isapres responsabilicen al Gobierno del escenario complejo que enfrentan, cuando el Ejecutivo -y ahora el Congreso- intenta dar con un camino para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.

Entrevistado por el Diario Financiero, el secretario de Estado y experto constitucional dijo que el proyecto de ley corta ingresado al Congreso el 9 de mayo, contrario a lo que alega el gremio que aglutina a las aseguradoras privadas de salud, "no es una solución fallida, sencillamente porque para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificarla ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo, para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio".

El 1 de diciembre pasado se conoció que el máximo tribunal ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia, a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementarla. Daba seis meses para su aplicación, plazo que se cumple el 30 de mayo, pero la semana pasada la Suprema aceptó ampliarlo por el mismo período de tiempo, dado que hasta la fecha no ha observado "ninguna evidencia de cumplimiento".

Las aseguradoras, que se han dicho en una grave crisis financiera y han advertido que una errada implementación de la resolución podría ocasionarles el "golpe final", sostienen que no han realizado "cobros indebidos" y critican la ley corta -que se enfoca más en los plazos que en los montos- asegurando que "si en mayo sale el proyecto tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema" privado de salud.

"Las Isapres no han respondido una pregunta clave. ¿Cómo van a cumplir la sentencia?", señaló Cordero.

El titular de Justicia agregó que "es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas".

"La ironía de todo esto", planteó, "es que las personas que se verían afectadas son adultos mayores, gente con preexistencia, las madres con sus hijos recién nacidos, que son las que han alegado por una década que han sufrido un aumento desproporcionado en sus planes, personas que han triunfado en tribunales y que de no encontrar una solución legislativa para la implementación de la sentencia, serán las principales afectadas".

"La propuesta del Ejecutivo se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si ésta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las Isapres? Que esto es un engaño", cuestionó Cordero.

"No conozco una industria regulada tan beligerante como las Isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera. Entonces, ¿cómo se explica la abrumadora sentencia de la Corte Suprema en contra de las Isapres?", afirmó.

El ministro acentuó que "ponemos mucho énfasis en la sentencia de noviembre, pero lo que se omite y que es extremadamente relevante, es que la Corte Suprema ya advirtió sobre esta situación en la sentencia de agosto. Esa sentencia también tuvo por propósito resolver una discusión que ya era muy recurrente: la Corte no permite el aumento del precio base".

"Cuando una industria regulada cumple una obligación de servicio público y forma parte del sistema de Seguridad Social como lo ha dicho la Corte Suprema, lo que es razonable y exigible es que las Isapres digan cómo van a cumplir la sentencia. Si uno mira la trayectoria histórica de las aseguradoras, éstas nunca han reconocido que han actuado indebidamente", reprochó Cordero.

"Es cosa de ver la cantidad de sentencias que tienen en contra", prosiguió: "Lo que me cuesta entender es por qué las Isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen sistemáticamente hace una década diciendo que lo hacen".

En tal sentido, alertó sobre el riesgo de que otras compañías en dificultades eviten los dictámenes judiciales, "generando un precedente para el sistema institucional que es gravísimo".

Y emplazó a las isapres a "que digan que necesitan un salvataje" si así fuere. 

"Me parece que es transparentar el debate. Ayudaría, entre otras cosas, a poder buscar una solución.  Porque si lo que tenemos es una industria que sistemáticamente dice: yo no he hecho nada malo, tenemos un problema, porque lo que están haciendo las Isapres públicamente es desconocer la sentencia judicial", comentó.