Fotos:Los tres ministros de la Corte Suprema acusados. Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama, Carlos Künsemüller

"Hago presente la injusticia que representa esta acusación constitucional respecto la situación de nuestros colegas, la mía propia, porque yo soy partícipe de esto, en atribuirle un notable abandono de deberes en relación a los DD.HH., cuando son los únicos que se la han jugado para ello".

De esa forma, el ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica concluyó el lunes pasado su presentación ante la comisión de diputados encargada de revisar el mérito de la acción presentada contra tres ministros del máximo tribunal, y que será votada esta tarde.

Sin embargo, la polémica comenzó hace 44 días, cuando el Poder Judicial comunicó siete fallos de la Segunda Sala Penal que otorgaron el beneficio de libertad condicional a siete ex uniformados, condenados por crímenes de lesa humanidad. Tras ello, las críticas no se hicieron esperar.

En este escenario, un grupo de diputados de oposición acusó constitucionalmente a los tres supremos que fallaron a favor de las solicitudes: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama.

La arremetida parlamentaria generó el rechazo de ex ministros de Interior, del TC, abogados, académicos y la misma Corte Suprema de Justicia. "Estamos frente a un problema de autonomía; una situación que sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y entes públicos", sostuvo su presidente, Haroldo Brito.

Según información recopilada por el Poder Judicial a la cual Emol tuvo acceso, entre enero de 2015 y el 28 de agosto de este año, la Suprema revisó 51 solicitudes de libertades condicionales a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, ocurridos en dictadura.

Algunas de ellas, realizadas en más de una oportunidad por el mismo interno. De estas, 24 fueron finalmente concedidas y 22 rechazadas; mientras que en otras se ordenó realizar diligencias, como nuevos informes psicológicos y sociales.

En esa línea, la información entregada señala que en 22 casos donde se otorgó el beneficio, al menos uno de los ministros acusados falló a favor de éste, como ocurrió con los siete ex uniformados en cuestión: el ex carabinero Gamaliel Soto Segura, los coroneles (r) Manuel Pérez Santillán y Moisés Retamal Bustos, los ex oficiales del ejército Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga y José Quintanilla Fernández, además del ex brigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere Gonzalez.