La jefa del Departamento de Salud de La Pintana, Ariela Espinoza, aclaró que todas las personas que arrojaron PCR positivo en la comuna fueron notificados, aislados y se les realizó seguimiento, descartando las dudas planteadas por un por un informe de la Contraloría General de la República, en el que se señala que no se habrían consignado 122 casos de Covid-19.

 

“Es absolutamente inexacto que haya habido personas que, teniendo un PCR positivo, hayan estado sin supervigilancia”, señaló la profesional y agregó: “No es real que 122 personas contagiadas circularon libremente. Todas ellas fueron notificadas y el registro está en sus fichas electrónicas RAYEN, en donde se puede comprobar”.

 

Contraloría evacuó un informe en el que acusa que el Departamento de Salud Municipal de La Pintana presenta diferencias entre los test PCR informados y los realizados en el periodo comprendido entre el 4 de junio y el 31 de julio de 2020. Desde el municipio respondieron que eso no es correcto: “Eso no se ajusta a nuestros registros, se ha omitido información”, aseguró Espinoza.

 

El error de la Contraloría se debería a que solo consideró en su investigación a dos de los tres laboratorios que procesaron las muestras, por lo que no le cuadraron los números. Un error que llevó al organismo contralor a encontrar una diferencia de 3.872 muestras.

 

“Todas estas pruebas se harán llegar al organismo fiscalizador para que pueda volver a revisarlos, en los plazos que la misma Contraloría ha dado a nuestro Departamento de Salud”, comentó la jefa de salud municipal, que expresó su molestia por el aprovechamiento político que se produjo tras conocerse el documento: “ En cuanto al resto de las observaciones, afirmamos que se ha hecho un análisis parcial de la información, lo que induce a errores del organismo y que son aprovechados por personas para desinformar, en plena época electoral”.

 

Sobre la indicación de Contraloría, que sostiene que no se registró el lugar de aislamiento de los casos confirmados con test PCR ni se emitieron las evaluaciones sanitarias exigidas por los protocolos de la Subsecretaría de Salud Pública, la funcionaria fue tajante: “Contraloría, erróneamente, no consideró que en el periodo que investigó, el sistema Epivigila no estaba habilitado para que el funcionario marcara o registrara el lugar en el que los pacientes pasarían el aislamiento”.