El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entregó una declaración pública para referirse al proyecto de control preventivo de identidad para adolescentes mayores de 14 años que la semana pasada el gobierno ingresó al Congreso.

En el comunicado el organismo cuestiona la medida, asegurando que “este proyecto de ley no avanza hacia la adopción de medidas para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a amenazas de discriminación (artículo 2 de la CDN), y de injerencias arbitrarias y ataques a su honra y reputación (artículo 16 de la CDN)”.

Ratifica lo afirmado en 2006, durante la presentación de la Agenda Corta de Seguridad respecto que “la aplicación del Control Preventivo de Identidad para adolescentes a partir de los 14 años, contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

Asimismo aseguró que UNICEF “tiene el mandato, y como rol principal, velar por la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por el Estado de Chile en agosto de 1990”.

En el comunicado el organismo insiste en que “los adolescentes que cometen delitos deben responder por sus actos y ser sancionados de acuerdo a su edad y a la gravedad de sus acciones; junto con recibir herramientas para su rehabilitación y reinserción social”.

Por ultimo insisten en “su compromiso en la defensa de los derechos de la niñez, y valora el enfoque que el Gobierno le ha dado a las políticas de infancia al poner a los niños primero. Y espera que en la discusión de este proyecto de ley se desestime la incorporación de los menores de edad en esta iniciativa”.

No es la primera vez que un organismo cuestiona la decisión del gobierno de ampliar la edad para el control preventivo en adolescentes -que ha defendido con fuerza el gobierno- asegurando que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño.

También la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, fustigó la medida asegurando que “no podemos hacer caso omiso a derechos internacionales”.  Tras su intervención, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, salió a responder que los “tratados internacionales no impiden” la medida que el gobierno ingresó al Congreso.