Por Teresa Frías K.

Los que podían negarse a practicar abortos con la nueva ley de 3 causales, según el Congreso, eran  sólo los profesionales médicos.  Sin embargo, el Tribunal Constitucional, amplió esta objeción de conciencia a todo el personal, y también a las instituciones.

De este modo, dio sustento legal a la decisión de algunas organizaciones, como la Universidad Católica, de no permitir abortos en las 3 causales legales en sus clínicas, aunque estas reciban dinero del Estado.

Frente al tema, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, fue más allá. Anunció que los médicos que sean docentes de la universidad y trabajen en el sector público podrán usar la objeción. Si no lo hacen, dijo textualmente el rector, «habrá que conversar con ellos».

Una clara presión institucional sobre los profesionales que libremente han decidido que sí es correcto practicar abortos en las causales extremas que plantea la nueva ley.

¿De quién es la “conciencia institucional”?

Luis Orellana participa del directorio del Sindicato de Salud UC desde 2008. La instancia que reúne a más de mil auxiliares, técnicos y administrativos, no se siente representada por las declaraciones de Sánchez. En conversación con El Ciudadano, Orellana apuntó que han realizado consultas a las y los afiliados de la organización, y los resultados arrojan que “cerca del 80% de los encuestados -del cual a su vez el 70-80% son mujeres- están a favor de esta legislación (aborto en tres causales)”.

De este modo, declaran que consideran que su propia conciencia se vería suplantada en caso de aplicarse la objeción de conciencia. Y acusan que como trabajadores estarían en una situación similar a la de un “corralito” para la prestación de determinados servicios.

Orellana señala que “según nuestros beneficios obtenidos a través de negociación colectiva, estamos obligados a atendernos en la universidad. Entonces, hay beneficios a los que no se podría acceder” gracias a la anunciada objeción de conciencia institucional. Agregó que una ley debiera aplicarse por igual a todos y “no debiera admitir que una persona pueda desecharlo”, cuestionó el dirigente, refiriéndose a la postura adoptada frente al aborto en tres causales por el rector Sánchez.

¿Qué ocurriría en caso de que una funcionaria o una hija de alguien que forma parte del personal tuviera que realizarse un aborto? “Nosotros tenemos los fondos, pero su uso está restringido a la propia Red de Salud UC”, sentencia Orellana.

En tanto, el diputado socialista e integrante de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, lamentó el punto sobre la objeción de conciencia porque, a su juicio, “las instituciones religiosas y privadas ganaron en una instancia que no es democrática”.

Por su parte, y desde la vereda contraria, el ex ministro de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, declaró que “si falló el Tribunal debería hacerse así, y no habría que discutir”.

El médico cirujano de profesión, agregó a Cambio21 que “como médico, como ciudadano hay que respetar lo que diga el Tribunal, y si una institución dice ´mira no haremos aborto´ habrá que acatarlo”.

“Hoy en día se aumenta el número de hospitales donde se podrán hacer los abortos de 3 causales, o sea de cero pasamos a 180, no suena como a disminución”, puntualizó.