La Corte de Apelaciones ordenó este lunes la prisión preventiva de ocho funcionarios del Ejército que están bajo investigación por el delito de torturas por la simulación de un fusilamiento contra dos jóvenes durante el estallido social. 

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando ambas víctimas fueron detenidas durante una manifestación en Temuco.

En la formalización, el Juzgado de Garantía de Temuco desestimó la prisión preventiva solicitada por la unidad de la Fiscalía regional que investiga delitos cometidos por agentes del Estado. 

En ese contexo se dejó a los militares acusados con las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas, al considerar que el delito imputado correspondía a apremios ilegítimos. 

El fiscal Raúl Espinoza explicó que la Corte de Apelaciones acogió los planteamientos del Ministerio Público y revocó lo resuelto por el tribunal de Garantía respecto a "la simulación de un fusilamiento ocurrida el 22 de octubre del año 2019 en Temuco", que es constitutiva del delito de torturas "porque tuvieron la finalidad de castigar a las víctimas por su participación en manifestaciones sociales". 

Así, se "dispuso la prisión preventiva para todos y cada uno de los ocho imputados en esta investigación", agregó el persecutor.