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PDI detiene a exfuncionarios del Ejército y Gendarmería por millonario fraude en compras públicas: Investiga Fiscalía de Atacama

La Fiscalía de Atacama confirmó la detención de nueve personas en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción que involucra a funcionarios de Gendarmería, el Ejército y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, además de particulares vinculados a empresas proveedoras del Estado.

De acuerdo a la entidad fiscalizadora, las diligencias se realizaron en las regiones de Atacama, Biobío y Metropolitana.

Del total de detenidos, seis corresponden a funcionarios públicos y tres a civiles. Entre los primeros hay cuatro integrantes activos de Gendarmería, tres capturados en Copiapó y uno en Mulchén, además de un funcionario del Ejército y una trabajadora del Servicio de Reinserción Social Juvenil, ambos detenidos en la Región Metropolitana.

Los otros tres imputados son particulares, dos ligados a empresas proveedoras del Estado y un familiar de una funcionaria de Gendarmería.

La causa indaga eventuales delitos de fraude al Fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos, relacionados con la adquisición de insumos para las instituciones involucradas.

La investigación comenzó en Atacama y posteriormente se extendió a otras zonas del país, mientras que las diligencias contemplaron órdenes de detención, entrada y registro en Copiapó, Mulchén, San Bernardo, Estación Central y Buin.

El fiscal Luis Miranda, de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica, explicó que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Garantía de Copiapó, tribunal que autorizó las órdenes solicitadas por el Ministerio Público.

“Los antecedentes reunidos en esta causa fueron informados al Juzgado de Garantía de Copiapó, el que consideró la necesidad de las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía ante la acreditación de la existencia de los delitos y la participación de los imputados”, sostuvo. Durante los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos y documentación que serán analizados por la PDI.

De acuerdo con la Fiscalía y la PDI, los antecedentes apuntan a una estructura que habría operado desde 2022 hasta la actualidad.