El Caso Penta es uno de los escándalos políticos-financieros y mediáticos más importantes que se recuerden en los últimos 20 años, en el que se vio cómo se vincularon oscuramente el dinero sucio con la política y en el que hubo un supuesto fraude al Fisco.

 

De hecho el denominado “Pentagate” lleva alrededor de dos años de investigación, y hoy en día siguen apareciendo nuevos antecedentes, aunque esta vez desde la voz de sus protagonistas.

 

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del Grupo Penta acusados de delitos tributarios y cohecho asociado al financiamiento ilegal de campañas políticas, fueron interrogados nuevamente por el caso.

 

La diligencia la solicitó el abogado de ambos empresarios, Julián López. La estrategia de la defensa de Délano y Lavín era que ambos dieran su testimonio sobre un presunto acuerdo no cumplido por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y su par Pablo Norambuena.

 

De acuerdo a la versión de ellos, los persecutores habían ofrecido acceder a un procedimiento abreviado a cambio de que colaboraran con la investigación.

 

El pasado 27 julio fue el turno de Carlos Eugenio Lavín. Declaró haber sido “engañado” por los fiscales: “Si renuncié a mi derecho a guardar silencio fue porque confié en el acuerdo que teníamos con la fiscalía y jamás me imaginé que la fiscalía podía incumplirlo. Por lo anterior, mi declaración fue obtenida bajo engaño”.

 

“El 31 de diciembre de 2014, mi abogado Julián López había afinado un texto de minuta con el fiscal Norambuena por lo que querían hacerle una revisión final con el fiscal Carlos Gajardo. La minuta luego fue revisada el 5 de enero antes de que yo prestara declaración por el fiscal Carlos Gajardo junto a mi abogado”, acotó por su parte Délano.

 

Según la versión de Délano y Lavín, la fiscalía dijo que “había un 100% de acuerdo en los puntos de un juicio abreviado (…) al día siguiente yo llegué tranquilo a declarar debido a que conocía todo este proceso que estaba terminando bien”.

 

 

El “Choclo”  Délano declaró en 2015, ante los fiscales Guerra y Norambuena, haber autorizado apoyos monetarios a diversos candidatos: “Los derivaba con Hugo Bravo (ex gerente general de Penta, ya fallecido)”.

 

Agregando que "(al ex candidato presidencial Andrés Velasco) se le aportaron luego $20 millones que era la suma que aprobamos con Carlos Lavín”. Y que al ex candidato al Senado, Alberto Undurraga, se le dio un “apoyo para que pagara sus deudas”.

 

Como asimismo a Pablo Zalaquett que “se le ayudó a su campaña a senador”, y por último: "A Pablo Longueira, nosotros decidimos apoyarlo”. Entonces, se le consultó por los dineros a Jovino Novoa, a lo que el "Choclo" Délano afirmó: “los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino que para candidatos afines”.

 

 

Frente al tema, el abogado Mauricio Daza, en entrevista con Cambio21, aseguró que “todo esto se trata de una maniobra de la defensa de los imputados Délano y Lavín con la finalidad de tratar de sacar de la dirección del caso Penta a los fiscales Gajardo y Norambuena ad portas del juicio oral.

 

A ello, el profesional agregó que “las circunstancias relativas a la supuesta oferta que habrían hecho los persecutores a los abogados defensores de los imputados en cuanto a que si es que declaraban la verdad de lo sucedido entonces se les iba a ofrecer una salida  alternativa, no solo es algo que ha sido negado por parte del ministerio público y los propios fiscales involucrados, sino que es algo que es absolutamente irrelevante”.

 

“Nadie ha sostenido que la confesión realizada por Délano y Lavín y donde reconocen un conjunto de hechos ilícitos sea falsa, por el contrario este no es asunto que haya sido puesto en debate si quiera por la defensa de los imputados, acá lo que se pretende es señalar de que habría existido un vicio en esa declaración que no se vincula con su veracidad, sino que sería una declaración obtenida de forma ilícita, lo que no se ha acreditado de forma alguna”, puntualizó a nuestro medio Daza.

 

Además para el abogado “llama la atención que ni Délano ni Lavín afirman que los hechos que confesaron sean falsos, por otra parte no hay ningún hecho que confirme que hayan sido engañados.  Por ello, nosotros señalamos que esto no es más que una maniobra, la cual tiene por finalidad el obtener una ventaja de manera ilícita a partir de sacar a los fiscales Gajardo y Norambuena”.

 

Por su parte, el ex Presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, dijo a nuestro medio que “la verdad es que es un chiste que personas con el poder económico y político que tienen estos señores pretendan que hayan sido coaccionados sus derechos fundamentales porque prestaron declaraciones donde entiendo que ellos tenían que decir la verdad”.

 

“Lo gravitante aquí es que si ellos dijeron la verdad o mintieron, y si la condición que ellos tenían para decir la verdad era que se le hicieran promesas la verdad es que es una pobre imagen de ellos mismos que están dando”, puntualizó el profesional.

 

Además, para Uribe, “me interesaría más que ellos se enfocaran en si están diciendo la verdad o mintieron y no que si había acuerdo o no con la fiscalía. Por otro lado cualquier acuerdo a que se llegue con la fiscalía debe ser ratificado ante el tribunal y me imagino que los abogados que contrataron, que por lo demás son de los más caro que hay en este país, les tienen que haber informado esa parte”.