Para algunos pareciera que la historia se repite. Y es que la polémica que envuelve a la Provincia de Petorca, la producción de paltas y "el robo de agua" no es algo nuevo. Es un conflicto de larga data que ha mantenido a la comunidad enfrentada con los empresarios y que, ahora, por primera vez, alcanzó niveles internacionales.

Fue la semana pasada que la discusión se encendió. Esto, después de que medios extranjeros como The Guardian y el Deutsche Welle acusaran -en voz de activistas nacionales- que el denominado "oro verde" es producido en la zona a costa del bienestar humano, hecho que provocó que el gremio paltero saliera a rebatir las acusaciones y que tanto el alcalde como Asoex y Agropetorca se metieran de lleno en la polémica.

Pero el asunto escaló al Congreso y diversos diputados de la zona y de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja revelaron a Emol que se trata de un tema que se ha visto varias veces, pero que, considerando el revuelo reciente, "sin duda volveremos a tocar".

Un conflicto "para nada nuevo" "Este es un conflicto de larga data, hay acusaciones y juicios de por medio que ya han comprobado que hay robo de agua", señaló el diputado por la Región de Valparaíso, Marcelo Schilling (PS), y agregó que a las condiciones naturales de la zona -que tienden a la sequía- "se suma una cuestión de regulación y fiscalización en el uso de recursos hídricos que agrava el escenario".

En ese sentido, el parlamentario recalcó que se necesita una fiscalización más dura y rigurosa y que las nuevas investigaciones deberían partir por las empresas "porque son las principales sospechosas": "¿Quiénes tienen los recursos para hacer todas las trampas que hay que hacer bajo tierra para poder desviar cursos de agua? Los que tiene grandes capitales".

Luego acotó: "Yo mismo he oficiado -desde el primer gobierno de Sebastián Piñera- no sé cuántas veces al Ministerio de Obras Públicas pidiendo que se contenga la invasión de grandes empresas de los acuíferos, que se hagan los estudios que determinen cuál es la caja de río y que estudien dónde está efectivamente el límite de la rivera como bien nacional de uso público que no puede ser invadido por particulares (...) pero nadie hace nada"}

Con este historial de "decepciones" para el diputado "alguien tiene que despejar esto" y ese "alguien" es el Estado. "Si queremos seguir con este modelo agro-exportador exitoso, sería bueno que el Gobierno se preocupe de poner orden a la situación. Por último, si nadie roba agua que lo diga y asegure que se ha comprobado que nadie roba".

Para el diputado e ingeniero agrónomo Ramón Barros (UDI), tampoco se trata de una historia nueva. "Como Comisión de Agricultura nos ha tocado investigar una serie de casos de gente que a través de drenajes sacaban el agua de otros y se aprovechaban eso para un uso privado (...) eso es inaceptable". Pero según Barros "el problema de la Provincia de Petorca radica en que durante años no se han hecho las inversiones necesarias para poder embalsar las aguas y que, además, por décadas se otorgaron derechos de agua provisionales".

Ahí, hay un elemento que al diputado le "parece particularmente extraño": "Estos derechos muchas veces se dan en función de una determinada cantidad de agua que pueda haber disponible en un determinado momento, pero a mi me huele que incluso pudo haber tráfico de influencias y no sé hasta qué punto las autoridades han tomado medidas en torno a esto".

Es justamente en dicho punto donde Barros cree que "debemos acelerar al máximo nuevas posibilidades y hacer un diagnóstico entero de la zona para ver qué derechos se otorgaron de manera irregular y así ir normalizando las anomalías e incluso delitos que se pueden haber cometido".

Así, reveló: "Es un tema que muy probablemente vamos a tocar en la Comisión de Agricultura, pero yo tengo mucha fe en lo que pueden realizar las autoridades actuales del Ministerio de Agricultura en torno a este tema que no es algo nuevo" El problema de la fiscalización y la moción estancada en el Senado Otro parlamentario de la zona, Andrés Longton (RN), aseguró que para él, el problema de fondo es la Dirección General de Aguas.

"Hoy, lamentablemente la DGA no tiene muchos 'dientes' y son pocos los funcionarios en la región, por ende la capacidad de fiscalizar es prácticamente mínima". Así, agregó: "Falta fiscalización, pero falta sobre todo más personal para fiscalizar. Hoy hay muchas denuncias en el Ministerio Público, pero hay pocas sanciones, entonces ahí tiene que haber una reforma más allá del Código de Aguas, tiene que haber una reforma para fortalecer la DGA".