La ministra Pérez al ser consultada sobre la eventual, en ese entonces, presentación de una acusación constitucional a su colega de educación, por parte de la representación parlamentaria del Partido Socialista, respondió que “Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el P S con el narcotráfico” Eso es lo que dijo.

 

Generado el problema por la reacción del P S y el apoyo del conjunto de la oposición, y luego de diversas referencias de ministros, parlamentarios del oficialismo y del propio Presidente de la república, la misma señora Pérez señaló que “…mis preguntas y declaraciones nunca han responsabilizado al Partido Socialista y a sus militantes. Mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del P S con el narcotráfico en la Comuna de San Ramón”

 

Sin mediar una corrección explicita de lo primero afirmado,  la particular interpretación de Cecilia Pérez es antojadiza, acomodaticia y es una prolongación del carácter irresponsable de sus expresiones. Más aún si no se trata, indudablemente, de una improvisación o accidental “salida de libreto”.

 

Estamos ante el uso vulgarizado, y con mucho de desvergüenza y prepotencia, de la herramienta de la posverdad.  La R A E la define posverdad como “Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actividades sociales” Agrega la propia RAE, a modo de ilustración, que “Los demagogos son maestros de la posverdad”.

 

Posverdad​ o mentira emotiva es un concepto en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.​ Su uso en política tiene como objetivos desviar la atención hacia aspectos subsidiarios, invisibilizar, ocultar, disimular hechos o simplemente ofender para descalificar. 

 

Con sus declaraciones iniciales es la Ministra quien trata de desviar el tema por el que se consulta y responde con la evidente intención de enlodar, desprestigiar y ofender pretendiendo descalificar la autoridad del Partido Socialista. Habría que preguntarse qué dirá del conjunto de la oposición que es parte de la acusación constitucional a la ministra de educación. Con la segunda declaración intenta eludir la retractación que correspondería refiriéndose a una eventual relación que habría entre militantes socialistas de una comuna en particular con el narcotráfico.  Con ello persiste en la  idea básica de la relación del P S, a diversas escalas, y el narcotráfico.

 

En cualquiera de sus niveles o escalas no existe registro probatorio serio alguno que implique a los socialistas con el narcotráfico. No existe evidencia alguna de que algún  militante del partido socialista en general y  en la Comuna de San Ramón, en particular,   ni nadie de sus autoridades, hubiese sido condenado o se encuentre sometido a proceso investigativo por tráfico de drogas o relación, voluntaria y en conciencia por supuesto, con el narcotráfico.

Sin antecedentes efectivos sobre un hecho no se pueden construir acusaciones, pretender inducir o abrir sospechas y generar “creencias y emociones con el objeto de influir en la opinión pública”. Eso es equivalente al engaño y la “distorsión deliberada” con el fin de dañar a otro. Eso ha hecho la Ministra de Estado. Y ello es pernicioso en cualquier campo de actividad aunque en la política, por su sensible y natural condición de espacio público, ello es aún más grave.

 

Nadie puede ofender gratuitamente sin tener antecedentes sólidos y susceptibles de ser presentados como pruebas ante los organismos correspondientes como ante la opinión pública. Hacerlo es irresponsable, implica mala fe y degrada a quien o a quienes participan de manifestaciones como estas. En este caso degradan el  necesario nivel de calidad de la política y del debate de los asuntos públicos y de interés común. Los ciudadanos no lo merecen y no se puede ni se debe faltarles el respeto, menos desde el discurso del gobierno.

 

Las obligaciones de solventar lo dicho con datos objetivos y  demostrables son tanto para un ministro o ministra de estado como para quienes ellos indican como sus fuentes de referencias para decir lo que dicen. Ello es tanto una exigencia legal como ética. El gobierno no puede ni debe faltar el respeto a los ciudadanos, tampoco pueden hacerlo dirigentes o militantes de partidos políticos   rebajando la jerarquía de su debates y los términos en que tratan la resolución de sus diferencias.

 

El ejercicio de la “técnica” de la  posverdad ignora deliberadamente la objetividad de los hechos y manipula datos a la conveniencia espuria de quienes la utilizan. Contribuye a invisibilizar y desdibujar los temas de fondo y trascendentes y con ello obviamente a esterilizar el tratamiento de los mismos.

La responsabilidad sobre lo que se afirma o declara es consubstancial al rechazo a la deshonestidad y al irreemplazable valor de la fe y confianza públicas. A la consideración y respeto de ello están obligados todos los actores sociales y políticos, tanto individual como colectivamente.