Los hechos ocurrieron, según el libelo, luego del paro de funcionarios en julio del año 2013. Allí se pagó una compensación ilegal a los municipios, ocultando “la entrega de un subsidio al sector privado, como una compensación realizada al sector público”.

El denunciante asegura que existió, durante el gobierno de Sebastián Piñera, un pago ilegal a las empresas recolectoras de basura disfrazado como una compensación a los municipios. En rigor, señala, se trataba de un subsidio al sector privado para mejorar los salarios de sus trabajadores. Los antecedentes proporcionados, según Vergara, dan cuenta de una malversación de caudales públicos.

La presión de los recolectores de basura que amenazaron con dejar en la calle 12 mil toneladas de desperdicios repartidos en cuatro regiones del país, fue el detonante para este traspaso ilegal de fondos, señala el actor.

El alcalde Sabat (RN) actualmente formalizado y acusado, habría mediado tras 2 días de huelga con las empresas involucradas (Starco-Demarco, Servitrans y Dimensión), llegando a un acuerdo.

A las 4:30 de la madrugada en que se acordó el término a la paralización, el entonces Presidente Sebastián Piñera habría dado el visto bueno a la operación, autorizando un pago de un bono de 80 mil pesos a cada funcionario, pagado por las empresas.

Más de 15 mil millones de pesos se pagó a las municipalidades por concepto de compensación por predios exentos “del pago de derechos del aseo existentes en cada comuna”, incorporados a la Ley de Presupuesto.

Pero el dinero en realidad ocultaba otro destino al señalado en la ley: “Los alcaldes firmantes, en representación de sus respectivas Asociaciones de Municipalidades, se comprometen a destinar los recursos complementarios de la glosa señalada a mejorar las condiciones de remuneraciones de los trabajadores de aseo”.

Para el denunciante, se disfrazó el verdadero objetico, “la entrega de un subsidio al sector privado, como una compensación realizada al sector público (…) Las empresas recolectoras de basura son entidades con fines de lucro. La huelga pretendía mejorar las remuneraciones del sector privado y en una gestión del entonces alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat; el gobierno, a través del Presidente Sebastián Piñera, da el visto bueno a la negociación, encubriendo el traspaso de dinero como un fondo a las municipalidades por los predios exentos de derechos de aseo, pero que en realidad es utilizado para subsidiar a las empresas de basura”, asegura.

Para el denunciante, “Los diputados y senadores aprobaron el presupuesto engañados. La glosa de presupuesto dice que es un subsidio para las municipalidades, a través de los predios exentos, pero no para las empresas de basura, así que aprobaron ese presupuesto sin saber que esa plata iba a ir a parar a las empresas de aseo. Eso es un fraude”, indica.