El pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por los delitos de fraude al fisco y malversación de recursos públicos.

No obstante, situaciones similares se registrarían en otros municipios del país mediante fundaciones o corporaciones creadas al margen de la estructura oficial de las municipalidades, con la vía de obtener recursos que no tienen rendición de cuentas.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, señaló que “la corrupción es un mal que aqueja por igual a muchos países, y Chile no es la excepción, siempre ha estado presente”.

“En 2021 creamos una unidad especializada para combatir y fortalecer los mecanismos de estudios y análisis de hechos relacionados con la corrupción a nivel municipal“, agregó Peribonio.

Caso Torrealba

El presidente del CDE entregó además algunos detalles respecto al caso que involucra al exalcalde Torrealba, afirmando que “nosotros recibimos los antecedentes en el mes de octubre. Iniciamos un estudio de cerca de 15 mil páginas, en donde se logra detectar actividades en ciertas organizaciones, y mediante la cual sustraían estos dineros”.

“Junto a la rapidez, actuamos con mucha rigurosidad en este caso, porque dirigimos nuestra acción en contra de personas determinadas. Esto es el exalcalde y otros cinco exfuncionarios, de su círculo más cercano, que tenían relación con organizaciones comunitarias“, explicó.

En esa línea, Juan Antonio Peribonio graficó que estos delitos cometidos por el exjefe comunal de Vitacura comenzaron entre 2010 y 2011, con múltiples mecanismos para extraer dineros, lo cual se realizó de forma reiterada todos los años.

La forma de malversar este dinero se dio en torno a diversas organizaciones, como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, entre otros.

“Nos damos cuenta de que se crean organismos paralelos a la organización municipal, donde estas se rigen de acuerdo al derecho particular, por ejemplo, la relación entre los funcionarios y las municipalidades”, detalló en radio ADN.

“Pero estas organizaciones reciben fondos públicos, por lo que se trata de bienes fiscalizables por la Contraloría, y se ponen a disposición de la actividad municipal, y a su respecto, cabe aplicar las normas de la malversación“, añadió el representante del CDE.

Al respecto, Peribonio manifestó que “es muy normal que existan estas corporaciones, y me atrevo a decir que llega a ser positivo, porque permite la participación de vecinos en distintas actividades, como junta de vecinos, centros deportivos, algo que existe en todas las municipalidades”.

No obstante, sostuvo que “debiera existir una rendición de cuentas” para estas corporaciones, ya que “reciben todos los años la subvención municipal“.