En menos de un mes la violenta muerte de 3 niños y una niña han conmocionado a todo el país y han surgido voces pidiendo endurecer las penas, mientras estas tragedias se toman la agenda pública.
Y eso que el impacto que han generado estos casos ni siquiera considera a las víctimas que son anónimas porque no han llegado a los medios de comunicación, “pero son muchos los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en Chile que son cruelmente asesinados no teniendo ninguna posibilidad de defenderse”, señaló la diputada Erika Olivera.
La parlamentaria reveló que es por esto que este viernes envió un proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 321 de 1925 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional de las personas condenadas a penas privativas de libertad, para agregar en el artículo 2º un nuevo inciso final que dice: “con todo, en ningún caso podrán postular a este beneficio aquellas personas condenadas a una pena privativa de libertad en razón de haber cometido un delito que haya tenido como resultado la muerte de un niño, niña, adolescente, persona adulto mayor o persona con discapacidad”.
Actualmente, tenemos una delincuencia altamente violenta y una forma histórica de abordar este problema ha sido aumentar las penas de estos delitos, medida punitiva que han resultado a todas luces ineficaces para detener a la delincuencia desatada en nuestro país, que fuera de cualquier tipo de código moral, mata a sangre fría a niños y niñas, aun cuando su muerte no sea el objetivo principal de su acción delictiva, explicó la diputada.
Detalló que “con este proyecto no estamos aumentando las penas, pues eso requiere más tiempo. Pero sí significa velar porque la aplicación de las condenas sea efectiva y de esta forma no se repita el lamentable episodio de Ámbar Cornejo, quien fue asesinada por Hugo Bustamante, pareja de la madre de la adolescente, y que había obtenido la libertad condicional en el año 2016 tras ser condenado por un doble homicidio”.
Casos como este demuestran que la pena, en su dimensión o finalidad preventiva general, y entendida como un mecanismo que disuade a los individuos de cometer este tipo de delitos, ha perdido todo efecto en el delincuente, y no se puede aspirar a nada más que su separación temporal de la sociedad con el fin de proteger a posibles nuevas víctimas de nuevos delitos.
Sin duda es una situación lamentable, dolorosa e indeseable, pero es un tema del cual el Estado debe hacerse cargo con mayor dureza y desde una óptica de protección y reparación a las víctimas y sus familias por sobre todo, dijo.
Finalmente, manifestó que “hoy en día son más las deudas que los avances en materia de infancia, especialmente respecto de quienes dentro de dicho segmento se encuentran socioeconómicamente en una situación de mayor vulnerabilidad, mientras tanto la población ve con impotencia como nosotros, los políticos, gastamos tiempo y energía en temas de menor importancia para el pueblo de Chile”.
El proyecto de ley cuenta con el patricio de las diputadas Carolina Marzán, Ximena Ossandón y Francesca Muñoz.