El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Salud (APIS), asociado a la Pymes, Eduardo Del Solar, cuestionó la decisión del gobierno de revertir las modificaciones aprobadas por el Congreso en materia de pago oportuno y advirtió que permitir excepciones negociadas entre grandes compañías y empresas de menor tamaño puede terminar debilitando la protección que entrega la Ley de Pago a 30 Días.
La Asociación de Proveedores Industriales de la Salud (APIS) manifestó su preocupación ante la decisión del gobierno de revertir los cambios introducidos durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional que buscaban restringir las excepciones al pago a 30 días, advirtiendo que una mayor flexibilidad para pactar plazos puede perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El director ejecutivo de APIS, Eduardo Del Solar, sostuvo que plantear una negociación de plazos entre grandes empresas y proveedores de menor tamaño desconoce una realidad básica del mercado: las partes no tienen el mismo poder de negociación.
“Hablar de libertad para negociar suena razonable cuando existen dos partes en igualdad de condiciones. Pero cuando una pequeña empresa depende de un gran comprador, esa igualdad simplemente no existe. Quien tiene mayor poder de mercado termina imponiendo las condiciones y la pyme tiene dos alternativas: las acepta o pierde el negocio”, señaló Del Solar.
El dirigente gremial agregó que extender los plazos de pago implica, en los hechos, que las empresas de menor tamaño terminen financiando con su propio capital de trabajo la operación de compañías considerablemente más grandes.
“Tenemos una situación completamente inversa a la que debiera existir: son las empresas con menos espalda financiera las que terminan financiando a las que tienen mayor capacidad económica. Cada día adicional que una pyme espera una factura significa menos liquidez para pagar remuneraciones, proveedores, impuestos, invertir y sostener su operación”, afirmó.
Una señal contradictoria para las pymes
Para APIS, la discusión además debe analizarse dentro de un escenario en que las pequeñas empresas vienen enfrentando sostenidos incrementos de costos y mayores dificultades para operar.
Del Solar sostuvo que las medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico deben considerar especialmente la realidad de las empresas de menor tamaño y evitar regulaciones que profundicen las diferencias existentes.
“Si queremos recuperar el crecimiento y generar empleo, las pymes tienen que formar parte central de esa estrategia. No podemos hablar de reactivación mientras, al mismo tiempo, permitimos condiciones que deterioran su liquidez y aumentan sus dificultades para competir. El pago oportuno no es un beneficio para las pymes; es una condición básica para competir en igualdad de condiciones”, enfatizó.
El representante de APIS recordó, además, que este principio debe aplicarse también al propio Estado, considerando los retrasos que enfrentan numerosos proveedores en sus pagos con organismos públicos.
“Esta obligación tiene que ser para todos. El Estado no puede exigir determinadas conductas al sector privado y, al mismo tiempo, mantener proveedores esperando sus pagos más allá de los plazos establecidos. El primer paso para fortalecer una cultura de pago oportuno es que la norma se cumpla efectivamente tanto en el ámbito público como privado”, indicó Eduardo Del Solar.
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