El año pasado, se realizó en Santiago la Reunión Anual Nº 60 de la Unión Internacional de Jueces, que organizó la Asociación de Magistrados de Chile y que convocó a un centenar de jueces de todo el mundo.

La actividad, que fue catalogada como un “éxito” por los organizadores, contó incluso con paseos a Viña del Mar, reuniones protocolares con autoridades chilenas, y una cena donde brindaron con los jueces extranjeros, como consta en las fotografías de la época.

A 10 meses de ocurrida la “exitosa” cita, y en medio de las elecciones internas de la Asociación, se abrió toda una polémica entre los jueces, especialmente de Santiago, luego que ante el requerimiento de una de las magistradas, quedara en evidencia que parte de los fondos con que se organizó la reunión internacional, fueron dineros que llegaron del sector privado, según la información de Radio Bío Bío.

Los correos a los cuales tuvo acceso Radio Bío Bíor evelan que al menos uno de esos aportes fue previa firma de un “acuerdo de confidencialidad”, por lo que no se entregaron detalles a los asociados sobre el monto aportado por la compañía.

No obstante, según se pudo establecer de forma exclusiva, se trató de Entel, controlada por el Grupo Matte; Banco BBVA; además de notariosy conservadores de bienes raíces.

Para conseguir esos fondos y firmar el acuerdo de confidencialidad, literalmente los jueces fueron a tocar las puertas de las empresas, donde algunas de ellas dijeron no estar disponibles, agrega la crónica del mencionado medio.

Sin embargo, algunas accedieron, como en el caso del BBVA, que pidió estar presente con el logo corporativo. Pero por otra parte, otras entidades pidieron el anonimato, como Entel, que solicitó que no se utilizara su logo corporativo, es decir, y pese al aporte económico, no aparecieron pendones o publicidad durante la actividad.

El hecho generó un duro debate, como se exhibe en los correos electrónicos, donde la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz–Muñoz, cuestionó el modelo de recaudación, e incluso, como consta en las comunicaciones electrónicas, aseguró que violaba los estatutos de organización.

Esto último, especialmente luego que el tesorero de la Asociación de Magistrados de Chile, Mauricio Olave, respondiera a través de un correo a la jueza Díaz–Muñoz, donde le indicó que los montos y cifras no se podían revelar, debido a la firma del convenio de confidencialidad con quienes les ayudaron económicamente.