La monserga de la masificación del procedimiento como un abuso, se viene abajo.

El propio Ministerio de Salud (Minsal), afirma que en seis meses 11 mujeres se han realizado un aborto amparadas en la ley que implica las tres causales. Todas las interrupciones voluntarias del embarazo fueron practicadas en recintos de salud públicos.

de acuerdo a tales antecedentes, 50 de ellos corresponden a la causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la inviabilidad fetal, y 26 a violación.

Si bien el proceso ha sido expedito 3en cuanto certificarse medicamente cada uno de los requisitos para acceder al procedimiento, igualmente se han producido inconvenientes en la aplicación de la Ley 21.030, que entró en vigencia el 23 de septiembre de 2017 y que en febrero de este año se conoció el protocolo que restringe el acceso a determinadas clínicas privadas, aunque estas continúan recibiendo financiamiento estatal.

Una de ellas fue en el Hospital de Castro en Chiloé donde se negaron a interrumpir el embarazo de una menor de edad que había sido violada. Según los médicos desconocían el procedimiento pues el ministerio aún estaba trabajando en el protocolo. Finalmente se derivó a la niña a Santiago.

A esto se sumaron las modificaciones que realizó el gobierno de Sebastián Piñera, eliminando condiciones para la objeción de conciencia de aquellos centros privados que reciben aportes del Estado.

HOSPITALES PÚBLICOS

El Hospital San José de Santiago es el recinto que ha debido realizar más intervenciones. La unidad asistencial, ubicada en Santiago donde se realizaron diez procedimientos. Lo mismo esta vez en el Hospital de Castro, el Hospital Ernesto Torres, de Iquique, recintos del Servicio de Salud de Reloncaví, entre otros.

Marcela Caro, ginecoobstetra de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital San José, dijo que hasta ahora los problemas mayores han sido de infraestructura, pues es complejo encontrar un lugar donde poder hospitalizar a las pacientes o estén en privado. Con ello, descartó haber recibido limitantes por objeción de conciencia.

“Hemos logrado acortar bastante los tiempos para los procedimientos. Hemos pasado de un mes a 24 o 48 horas en casos de fetos acráneos (segunda causal), mientras que en situaciones de violación, a resolver entre tres o cuatro días”, informó.