Con 27 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la sala del Senado aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, que regula las apuestas en línea en Chile y fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 29 de septiembre, a las 12 horas.

Un sustantivo avance logró el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea luego que la Sala del Senado lo aprobara en general por 27 a favor, tres en contra y cinco abstenciones. Este proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene como objetivos proteger la salud y la seguridad de quienes juegan, sobre todo de niños, niñas y adolescentes; transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas; generar un mercado competitivo, considerando otras formas de juego actualmente legales (sorteos de lotería, números de Polla/Lotería y actividad hípica); resguardar la fe pública (certificación de la aleatoriedad en el juego); y contribuir a la recaudación fiscal, ya que en régimen se estima recaudaría unos $84.000 millones al año.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó durante la sesión que «este proyecto regula una actividad que,
desde la primera versión del proyecto ingresada al Congreso en marzo del 2022, ha tenido una expansión
muy sustantiva al margen de la ley, a la vista de todo el mundo, sin pagar impuestos, sin cumplir normas. Es
una actividad y un mercado que requiere un marco regulatorio y al mismo tiempo controlar y evitar los
excesos en lo que se puede incurrir». Agregó que «es importante tener en mente la relación de esta iniciativa
con la tipificación del juego ilegal que está contenido en el proyecto de Inteligencia Económica contra el
crimen organizado, que actualiza la definición de juego ilegal y presupone que esta iniciativa sobre apuestas
en línea se aprueba antes, de tal manera que pueda haber coherencia entre ambas».

Por su parte, la subsecretaria Heidi Berner mencionó entre las razones para legislar esta actividad que “pese
a que contraviene el actual marco legal, no se cuenta con herramientas para perseguir de manera eficiente
el juego ilegal a través de medios digitales. Tampoco existe trazabilidad respecto de los propietarios de las
plataformas ni del origen de los fondos, por lo que representa riesgos en materia de lavado de activos y
financiamiento de otras actividades ilegales”. Enfatizó que se busca la formalización de las plataformas como
sociedades registradas en el país, bajo la debida fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego,
que de acuerdo al mismo proyecto se convertirá en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de
Azar.

También destacó que “el proyecto establece un diseño regulatorio que equilibra incentivos a la regularización,
como sanciones severas a quienes se mantengan en la ilegalidad, otorgando nuevas atribuciones a la
Superintendencia, CMF, SII, Subtel, UAF, entre otras. Por lo mismo, representa una mejora sustantiva respecto
la situación actual, en que cientos de plataformas operan sin estándares de protección a usuarios, sin pagar
impuestos y sin fiscalización”.

En respuesta a algunas dudas de las y los legisladores explicó que lo ideal es generar una canalización que
según la experiencia internacional ronda el 90%, ya que siempre habrá operadores que intenten mantenerse
en la ilegalidad: “Por ello, como dijo el ministro, es clave el proyecto de Inteligencia Económica, donde hay
una tipificación del delito para que ese juego ilegal se pueda perseguir de manera adecuada”.
Ahora la iniciativa continuará el análisis en particular en Comisiones Unidas de Economía y Hacienda para
agilizar la tramitación; y se dio plazo de indicaciones hasta las 12:00 horas del 29 de septiembre.

Trayectoria de tramitación y ejes del proyecto

Este proyecto fue aprobado por la Cámara el 12 de diciembre de 2023, con apoyo transversal. En el Senado fue enviado a las Comisiones de Economía y de Hacienda, como comisiones técnicas. La Comisión de Economía del Senado aprobó el PDL en general el 2 de abril de 2024, por la unanimidad de sus miembros. La Comisión de Hacienda empezó a analizarlo el 16 de julio y lo aprobó el 1 de agosto en general. En lo principal, el proyecto apunta a:

 Regular el mercado de apuestas en línea, con autorización administrativa para ingresar y
resguardando el cumplimiento de todas las exigencias legales para los juegos de azar.

 Proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores a través de una Política Nacional de Apuestas
Responsables aplicable a toda la industria del juego, para prevenir enfermedades relacionadas con
las apuestas. También normará la publicidad y promoción por parte de los operadores, incluyendo la
protección de niños, niñas y adolescentes.

 Crea un título completo de persecución al juego ilegal que establece normas de control de medios
de pago, como el bloqueo general de transacciones cuyo destinatario sea una plataforma no
autorizada, y se les prohíbe tener cuentas en el país. Los proveedores de internet deberán bloquear
el acceso a plataformas no autorizadas y se prohibirá la descarga de sus apps. Asimismo, establece
una serie de delitos especiales para asegurar la efectividad de la persecución penal, que abarcan
conductas como explotar plataformas que operen sin autorización; promover o participar en la
publicidad de una plataforma no autorizada; abrir cuentas con información falsa o vulnerando
mecanismos de seguridad, entre otras.

 Establece nuevas fuentes de financiamiento para el deporte: las plataformas autorizadas deberán
pagar un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre apuestas deportivas a favor del
Instituto Nacional del Deporte, para distribuir 1/3 a federaciones deportivas, 1/3 al Comité Olímpico
y 1/3 al Comité Paralímpico. Y 22% de los ingresos brutos del sistema de pronósticos deportivos
Xperto de Polla irán al Instituto Nacional del Deporte en los mismos términos (hoy 12%).

 Se incorpora una prohibición de realizar apuestas a jugadores, deportistas, presidentes de
federaciones u organizaciones, directorio, organizadores, entrenadores, representantes, etc. cuando
se tenga incidencia en el resultado. Dicha prohibición se complementa con el delito de alterar o
modificar un objeto de apuestas (amaño), afectando su calidad de incierto.

 Régimen tributario: la actividad será gravada con IVA por ser un servicio de entretenimiento digital,
lo que permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y
contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos, queda sujeta a un impuesto
específico (20%) que busca corregir la externalidad del juego. Y para fomentar el juego responsable,
se establece un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los
desembolsos realizados por dicho concepto.

La ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente de su publicación, para la inmediata persecución
del juego ilegal, pero las normas relativas a entrega de licencias en régimen rigen una vez dictado el
reglamento (plazo de 6 meses). No obstante, se establece un procedimiento de licencias transitorias para
postulantes que no hayan operado ilegalmente en Chile en los 12 meses previos, y acrediten el cumplimiento
de estándares técnicos de legislaciones similares a la chilena, junto con el cumplimiento de otros requisitos
como solvencia.

Las plataformas que operan actualmente en la ilegalidad sólo podrán solicitar licencias transcurridos 12
meses desde que dejen de operar ilegalmente en el país (cooling off). Vencido dicho plazo, si quieren obtener
una licencia deberían pagar un impuesto único y sustitutivo con dos componentes: 31% de los ingresos
brutos (reconociendo los ingresos no tributados) y 0,07 UTM por cuentas de usuarios (reconociendo la captura
previa de mercado), considerando los 36 meses previos a la entrada en vigencia de la ley.

De acuerdo a las cifras entregadas, más de 5 millones de chilenos y chilenas han interactuado con estas plataformas que facturaron más de US$ 3.100 millones en 2024, sin cumplir normas, ni tributación alguna.

Los senadores Rojo Edwards y Ximena Rincón fueron los encargados de dar cuenta del trámite de la iniciativa en las Comisiones de Economía y de Hacienda, respectivamente.
 
Hicieron uso de la palabra los senadores y senadoras: Pedro Araya, Matías Walker, Luz Ebensperger, Kenneth Pugh, Sebastián Keitel, Fidel Espinoza, Yasna Provoste, Karim Bianchi, Esteban Valasquez, Juan Antonio Coloma, Gustavo Sanhueza, Francisco Chahuán y Alejandra Sepúlveda. Además del ministro y la subsecretaria de Hacienda, Mario Marcel y Heidi Berner, respectivamente.