El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que crea un nuevo royalty minero, a fin de mejorar la recaudación fiscal y distribuir de forma más equitativas los recursos hacia las regiones.

La iniciativa contó con prácticamente la unanimidad del Pleno y sólo fue rechazada por los senadores del Partido Republicano, Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena, mientras que Luz Ebensperger (UDI) se abstuvo.

De esta forma, se ratifican los ajustes realizados por el Ejecutivo y el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, a su tercer trámite legislativo.

La iniciativa contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF).

En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA). Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, y Fondo Regional de Producción y Desarrollo).

Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país. También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año. En tanto, la recaudación total estimada equivale a 0,45% del PIB.

Dentro de los temas abordados en Sala, diversos senadores y senadoras valoraron el acuerdo alcanzado entre el Senado y el Ejecutivo en orden a "dar mayores certezas" y lograr un "equilibrio entre mayor recaudación, beneficios para las regiones sin desincentivar la inversión".

Otros, en cambio lo calificaron de "razonable". No obstante, algunos legisladores hicieron presente la preocupación porque "la carga tributaria total esté un par de puntos sobre la que tienen países mineros competidores de Chile, tales como, Perú y Canadá".

También se argumentó que "esta iniciativa afectará la productividad y la inversión en el sector que ha venido a la baja desde 2005". Otro de los temas abordados tuvo relación con la distribución de las compensaciones para las regiones y comunas no mineras y, especialmente, las mineras. En esa línea, varios legisladores hicieron presente sus opiniones sobre la necesidad de revisar en detalle la situación desde los territorios y de respetar los procedimientos ambientales para la aprobación de proyectos.