Datos fueron enviados por el Ministerio de Justicia a la Embajada de Estados Unidos, y están incluidos en el reporte de 2017 sobre tráfico de personas realizado por el Departamento de Estado de ese país.
Sename atendió a 1.341 menores víctimas de explotación sexual en 2016
En prisión preventiva quedó el martes pasado el taxista Jorge Jiménez, por presunta explotación comercial sexual de tres menores de entre 11 y 14 años a quienes les pagaba con dinero o drogas. Una de ellas era residente de un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La detención de Jiménez fue la primera de la Fiscalía Occidente en el marco del caso en que investiga, desde diciembre de 2016, redes que obligan a cometer este ilícito a niñas y adolescentes que son internas o ex residentes de estos hogares.
Este tema no solo es de preocupación de las autoridades chilenas, dado que el Departamento de Estado de Estados Unidos en junio de 2017 elaboró un reporte sobre tráfico de personas y en uno de sus capítulos se enfoca en lo ocurrido en nuestro país.
El documento, de 454 páginas, analiza la situación de tráfico de personas en 187 países a nivel mundial. y en el acápite chileno se relata el trabajo que hace el Sename para atender a menores que son obligados a ejercer el comercio sexual.
Al respecto, se señala que “Sename ayudó a 1.341 niños víctimas de tráfico comercial de explotación sexual en 2016, en comparación con 1.285 en 2015. Las autoridades no informaron cuántas fueron víctimas de la trata o cuántos de los niños asistidos eran nuevos en 2016”.
Consultado el servicio sobre estas cifras, señalaron que “los datos que aparecen en el informe del Departamento de Estado de EE.UU. fueron entregados por el servicio al Ministerio de Justicia, a quienes les llegó la solicitud desde la embajada norteamericana”.
Asimismo, explicaron que los niños, niñas y adolescentes “que ingresan a la red del Sename lo hacen por orden de un tribunal. Las cifras entregadas en el informe corresponden a menores de edad víctimas de explotación sexual comercial y que posterior a esa vulneración fueron atendidos en los 18 proyectos especializados disponibles para su reparación”.
Se detalló que de los más de 1.300 menores atendidos, un 87% eran mujeres. Y en relación a la nacionalidad, un 96% de las víctimas eran chilenos.
Estos programas especializados, dijeron desde el Sename, entregan apoyo legal e intervenciones psicológicas y sociales que abarcan ámbitos de salud, educación y capacitación laboral. En el tratamiento se contempla la atención de la víctima y de su grupo familiar.
En ese sentido, señalaron que “las terapias de reparación para las víctimas son fundamentales para que comprendan y superen lo vivido. El proceso puede durar entre un año y medio y tres años, dependiendo de cada caso”.
El informe estadounidense detalla además que las autoridades chilenas identificaron 23 víctimas de tráfico durante 2016, lo que incluía a dos niños. De ellas, 15 eran por tráfico laboral y ocho por carácter sexual.
También el reporte entrega recomendaciones al país para enfrentar este delito. Entre ellos, indica que hay que incrementar los esfuerzos para sancionar a los traficantes de personas con penas proporcionales a la gravedad del ilícito, y que hay que investigar y condenar todas las formas de tráfico humano, incluida la trata sexual de menores en el marco de la Ley 20.507. Esta norma tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (ver nota secundaria).
Durante 2016 ingresaron 116 denuncias por el delito de explotación sexual comercial infantil, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.
Sin embargo, de acuerdo con el director de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, “existe una cifra negra relevante -esto es, casos que no se denuncian-, por lo que es necesario ser cautelosos sobre la distribución geográfica de estos delitos”.
En ese sentido detalló que, de acuerdo con la información disponible, “el ilícito se presenta en prácticamente todas las regiones, con cifras relativamente mayores en Valparaíso y O’Higgins y también en zonas correspondientes a las fiscalías metropolitanas Centro Norte y Sur, donde hay mayor número de denuncias en términos comparativos”.
En cuanto a la dificultad para investigar la explotación sexual infantil, dijo que la escasa adherencia de las víctimas al proceso investigativo y la inexistencia de redes familiares, son algunos de lo problemas que deben enfrentar.
Explicó que “en ese marco, hay estrategias a nuestro alcance y otras que no dependen de la fiscalía: entre las primeras está la capacitación permanente a fiscales y profesionales, el fomento al uso de técnicas especiales de investigación, la mejor calidad de las entrevistas y la grabación de las mismas. Entre los aspectos que escapan a nuestro alcance se encuentran algunos prejuicios que en ocasiones se manifiestan en las opiniones de jueces, contenidas en sus fallos, que tienden a poner de cargo de la víctima la responsabilidad por este fenómeno”.
Dijo, además, que las víctimas visibilizan su participación en las redes “como una forma de escape del círculo de pobreza, marginalidad y exclusión en el que están inmersas. Generalmente los niños o adolescentes reciben a cambio una ganancia o beneficio, lo que lamentablemente hace que tanto explotadores, las mismas víctimas y su entorno tiendan a entender la explotación como una forma legítima de trabajo sexual y no como un delito”.
Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, encargada de tres proyectos especializados en explotación sexual comercial infantil del Sename, dijo que pese a que estas iniciativas “ayudan bastante, no estamos llegando a muchos niños que quedan fuera del sistema de protección. Si no salimos a perseguir esta situación, es bien difícil que los podamos encontrar, esa es mi preocupación”.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, señaló que para obtener una detección temprana de estos casos, hay que “mejorar la capacidad de diagnóstico en el sistema público, ya sea salud o educación”.
Agregó que “las víctimas suelen no reconocer la situación que están viviendo, sienten culpa, como si ellas fueran las causantes, por eso son claves los equipos multidisciplinarios de los consultorios, como también miembros de organizaciones comunitarias, profesores, personal no docente de escuelas y policías”.
La detención de Jiménez fue la primera de la Fiscalía Occidente en el marco del caso en que investiga, desde diciembre de 2016, redes que obligan a cometer este ilícito a niñas y adolescentes que son internas o ex residentes de estos hogares.
Este tema no solo es de preocupación de las autoridades chilenas, dado que el Departamento de Estado de Estados Unidos en junio de 2017 elaboró un reporte sobre tráfico de personas y en uno de sus capítulos se enfoca en lo ocurrido en nuestro país.
El documento, de 454 páginas, analiza la situación de tráfico de personas en 187 países a nivel mundial. y en el acápite chileno se relata el trabajo que hace el Sename para atender a menores que son obligados a ejercer el comercio sexual.
Al respecto, se señala que “Sename ayudó a 1.341 niños víctimas de tráfico comercial de explotación sexual en 2016, en comparación con 1.285 en 2015. Las autoridades no informaron cuántas fueron víctimas de la trata o cuántos de los niños asistidos eran nuevos en 2016”.
Consultado el servicio sobre estas cifras, señalaron que “los datos que aparecen en el informe del Departamento de Estado de EE.UU. fueron entregados por el servicio al Ministerio de Justicia, a quienes les llegó la solicitud desde la embajada norteamericana”.
Asimismo, explicaron que los niños, niñas y adolescentes “que ingresan a la red del Sename lo hacen por orden de un tribunal. Las cifras entregadas en el informe corresponden a menores de edad víctimas de explotación sexual comercial y que posterior a esa vulneración fueron atendidos en los 18 proyectos especializados disponibles para su reparación”.
Se detalló que de los más de 1.300 menores atendidos, un 87% eran mujeres. Y en relación a la nacionalidad, un 96% de las víctimas eran chilenos.
Estos programas especializados, dijeron desde el Sename, entregan apoyo legal e intervenciones psicológicas y sociales que abarcan ámbitos de salud, educación y capacitación laboral. En el tratamiento se contempla la atención de la víctima y de su grupo familiar.
En ese sentido, señalaron que “las terapias de reparación para las víctimas son fundamentales para que comprendan y superen lo vivido. El proceso puede durar entre un año y medio y tres años, dependiendo de cada caso”.
El informe estadounidense detalla además que las autoridades chilenas identificaron 23 víctimas de tráfico durante 2016, lo que incluía a dos niños. De ellas, 15 eran por tráfico laboral y ocho por carácter sexual.
También el reporte entrega recomendaciones al país para enfrentar este delito. Entre ellos, indica que hay que incrementar los esfuerzos para sancionar a los traficantes de personas con penas proporcionales a la gravedad del ilícito, y que hay que investigar y condenar todas las formas de tráfico humano, incluida la trata sexual de menores en el marco de la Ley 20.507. Esta norma tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (ver nota secundaria).
Durante 2016 ingresaron 116 denuncias por el delito de explotación sexual comercial infantil, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.
Sin embargo, de acuerdo con el director de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, “existe una cifra negra relevante -esto es, casos que no se denuncian-, por lo que es necesario ser cautelosos sobre la distribución geográfica de estos delitos”.
En ese sentido detalló que, de acuerdo con la información disponible, “el ilícito se presenta en prácticamente todas las regiones, con cifras relativamente mayores en Valparaíso y O’Higgins y también en zonas correspondientes a las fiscalías metropolitanas Centro Norte y Sur, donde hay mayor número de denuncias en términos comparativos”.
En cuanto a la dificultad para investigar la explotación sexual infantil, dijo que la escasa adherencia de las víctimas al proceso investigativo y la inexistencia de redes familiares, son algunos de lo problemas que deben enfrentar.
Explicó que “en ese marco, hay estrategias a nuestro alcance y otras que no dependen de la fiscalía: entre las primeras está la capacitación permanente a fiscales y profesionales, el fomento al uso de técnicas especiales de investigación, la mejor calidad de las entrevistas y la grabación de las mismas. Entre los aspectos que escapan a nuestro alcance se encuentran algunos prejuicios que en ocasiones se manifiestan en las opiniones de jueces, contenidas en sus fallos, que tienden a poner de cargo de la víctima la responsabilidad por este fenómeno”.
Dijo, además, que las víctimas visibilizan su participación en las redes “como una forma de escape del círculo de pobreza, marginalidad y exclusión en el que están inmersas. Generalmente los niños o adolescentes reciben a cambio una ganancia o beneficio, lo que lamentablemente hace que tanto explotadores, las mismas víctimas y su entorno tiendan a entender la explotación como una forma legítima de trabajo sexual y no como un delito”.
Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, encargada de tres proyectos especializados en explotación sexual comercial infantil del Sename, dijo que pese a que estas iniciativas “ayudan bastante, no estamos llegando a muchos niños que quedan fuera del sistema de protección. Si no salimos a perseguir esta situación, es bien difícil que los podamos encontrar, esa es mi preocupación”.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, señaló que para obtener una detección temprana de estos casos, hay que “mejorar la capacidad de diagnóstico en el sistema público, ya sea salud o educación”.
Agregó que “las víctimas suelen no reconocer la situación que están viviendo, sienten culpa, como si ellas fueran las causantes, por eso son claves los equipos multidisciplinarios de los consultorios, como también miembros de organizaciones comunitarias, profesores, personal no docente de escuelas y policías”.
