Un contrato por casi 3 mil millones de pesos se adjudicó la trasnacional Telefónica, mediante un trato directo con el Servel, para comunicar el conteo de votos durante el plebiscito de abril de este año. Todo ello, en medio de una pugna judicial por una cuestionada licitación que ganó la empresa por otros 20 mil millones de pesos.

Al millonario acuerdo con Telefónica para el referéndum del próximo mes se llegó de urgencia, luego de que el 27 de diciembre de 2019 se publicara en el Diario Oficial la convocatoria para las votaciones.

El objetivo es que la compañía envíe a las oficinas del Servicio Electoral los resultados preliminares en las mesas y posteriormente dé a conocer los resultados provisorios generados por los colegios escrutadores durante las elecciones.

Según explicaron desde el Servel, los acotados tiempos no permitieron abrir una licitación “en razón de los plazos que este contempla hasta su conclusión, circunstancia que imposibilita contar en tiempo y forma con el sistema de información requerido”.

Así las cosas, el Servicio Electoral recurrió -vía trato directo– a Telefónica, misma (y única) firma que ha prestado el servicio en Chile desde el retorno a la democracia. Ello obligó a desembolsar al Estado concretamente $2 mil 820 millones de pesos provenientes de la Dirección de Presupuestos.

La pugna de los $20 mil millones

Justamente la exclusividad de la empresa fue uno de los argumentos esgrimidos en la pugna judicial que enfrenta el organismo, luego de que Smartmatic -firma de origen venezolana, radicada en Londres- ingresara una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP).

En el escrito de 42 páginas, denuncian como “ilegal y arbitraria” la adjudicación de la licitación por casi 20 mil millones de pesos, para la comunicación de votos de las elecciones a gobernadores regionales, alcaldes y presidenciales a realizarse entre 2020 y 2021, pese a que la oferta de Telefónica era $3 mil millones más cara.

De acuerdo a la demanda, el Servel no tomó en cuenta la experiencia internacional de Smartmatic, lo que impide que cualquier otra compañía pueda ganar el concurso, precisamente porque Telefónica ha sido la única encargada de prestar el servicio desde 1988 en Chile.

“Nunca otra empresa podrá acreditar experiencia nacional pues el único cliente es el SERVEL y la primera empresa adjudicada -Telefónica- los será para siempre. Osea una dinámica absurda, irracional e ilegal”, consigna la acción judicial.

Según trascendió, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría, podría declarar en la causa que lleva el TCP dentro de los próximos días. Mientras, se espera que el conflicto se resuelva dentro de este mes con el pronunciamiento del tribunal.

Consultados sobre la acción judicial, desde el Servel evitaron emitir una declaración al ser un proceso en curso.