Foto: Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación
La Subsecretaría de Educación confirmó el inicio de un sumario administrativo para investigar las posibles responsabilidades detrás de las irregularidades detectadas por Contraloría, relacionadas con la falta de rendición de más de $78 mil millones en transferencias de recursos públicos.
El anuncio es una respuesta al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló serias deficiencias en la rendición de cuentas de montos transferidos por el Ministerio de Educación entre 2007 y 2023.
La Contraloría detalló que al 31 de diciembre de 2023 existía un saldo sin rendir de $78.737.404.844, monto transferido a diversos organismos, incluidos municipios, fundaciones y otros entes privados.
Este hallazgo llevó a la Subsecretaría de Educación, encabezada por Alejandra Arratia, a tomar medidas urgentes para esclarecer las irregularidades y mejorar los mecanismos de control interno.
“Estamos comprometidos con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Se han instruido procedimientos sumariales para investigar a fondo las observaciones realizadas por la Contraloría”, afirmó Arratia en un comunicado.
Además, aseguró que se están implementando nuevas medidas de control interno para prevenir futuras irregularidades.
El informe de la Contraloría destaca que la Subsecretaría de Educación es responsable de la mayor parte de los fondos sin rendir, sumando un total de $75.849 millones entre los años 2016 y 2023.
La Seremi de Educación de la Región Metropolitana (RM) también aparece en el reporte, con $2.888 millones sin rendir entre 2007 y 2023.
Sumario de la Subsecretaría de Educación tras informe de Contraloría
Los recursos transferidos estaban destinados a una amplia gama de programas, incluyendo apoyo al deporte, educación intercultural bilingüe, el programa "Elige Vivir Sano", formación de adultos, y transporte escolar rural, entre otros.
Sin embargo, no se ha logrado demostrar el uso efectivo de estos fondos, generando preocupación sobre la gestión y fiscalización dentro de la cartera de educación.
Entre los casos más alarmantes revelados por la Contraloría, se encontró que siete personas fallecidas no rindieron un total de $33.821 millones, que les fueron transferidos desde la Seremi de Educación.
Asimismo, se identificaron deficiencias en el control de las transferencias, como omisiones en los datos de las entidades receptoras y la falta de claridad sobre qué unidad es responsable de revisar y aprobar las rendiciones.
