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Tribunal Constitucional rechazó facultades fiscalizadoras para el Sernac

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la constitucionalidad del proyecto que busca otorgarle nuevas facultades fiscalizadoras al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac),en un fallo dado a conocer en la tarde de este jueves.

Cabe recordar que esta ley, que había sido aprobada en octubre pasado, había sido rechazada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la que había ingresado un "téngase presente" en el proceso de revisión por parte del TC.

En la sentencia, aseveraron que son "inconstitucionales las nuevas potestades jurisdiccionales que el proyecto de ley contemplaba entregar al Sernac. En todo caso, mantuvo incólume el aumento de sanciones y el régimen de protección a los consumidores".

El TC rechazó que con esta iniciativa "el Sernac actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa".

"Esta decisión no se extiende necesariamente a otros casos de organismos administrativos con potestades sancionadoras, pues lo reprochado en esta oportunidad es que "el mismo servicio estatal llamado a proteger a una de las partes lucrativamente interesadas, los consumidores, sea instituido como árbitro supremo, para luego dirimir los contenciosos e impugnaciones que enderecen contra sus proveedores", aclararon.

Manuel Melero, presidente de la CNC, aseveró que "en lo esencial el fallo consagra los principios del derecho constitucional chileno, separando la facultad jurisdiccional de la facultad administrativa en los órganos del Estado, en este caso el Sernac".

"Al mismo tiempo le resta o le quita totalmente la facultad normativa al Sernac, lo cual también es un principio constitucional fundamental que nosotros en nuestro 'téngase presente' representamos al tribunal", agregó.

En paralelo y a través de un comunicado, senadores socialistas criticaron la decisión, calificándola como un "golpe a la legitimidad de las decisiones del ente legislador democrático".