El Tribunal de Contratación Pública declaró como ilegal la adjudicación de cámaras corporales para Carabineros a Motorola por 378 millones de pesos.

El fallo afecta directamente a Katherine Martorell en su rol como subsecretaria de Prevención del Delito de la época. La licitación dentro de su mandato tenía como objetivo adquirir 300 cámaras corporales para Carabineros, siendo oficializada por el Portal Mercado Público, y habiendo postulado un total de ocho empresas, entre las que destaca también Pegasus.

Asimismo, las indagatorias comenzaron cuando dicha entidad (Pegasus), perdió el concurso e interpuso una querella contra la Subsecretaría y Martorell. La medida fue acogida y remitida a la Fiscalía Centro Norte, y argumentaba que se “ofrecía un producto que se acomodaba mejor a lo requerido por la autoridad, y a un menor precio”.

La sentencia del TCP publicada el reciente 20 de enero de 2022, asegura que Motorola no tenía las características para ser evaluado técnicamente por la Comisión Revisora de la Subsecretaría, lo que no fue cumplido en su totalidad considerando las bases de la licitación.

En ese sentido, el Tribunal precisa que, pese a que la institución gubernamental quebrantó la ley, la empresa de telecomunicaciones arregló el problema que no la hacía competente, instalando un software adicional a las cámaras.

Tras lo anterior, se confirmó que la Subsecretaría de Prevención del Delito ejerció facultades fuera de las normas de Contratación Pública, no obstante, evitó que las arcas fiscales se vieran afectadas al poner las cámaras en regla.

Es relevante recordar que la Contraloría General de la República, en octubre de 2021, indicaba que habían “anomalías” en la millonaria compra, detallando que “no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista para analizar”.

Incluso, afirmaron que ni Motorola ni Pegasus, quienes pasaron a la etapa final de selección, “cumplieron con los plazos de postulación”. En ese sentido aseguraron que tampoco ejecutaron los requerimientos técnicos requeridos”.

“En tales circunstancias, conforme a los dispuesto en el número 2.5 de las bases administrativas, las dos propuestas deberían declararse inadmisibles y, por ende, no entrar a la fase de evaluación, lo cual no ocurrió en la especie”, dijo la CGR.

Con respecto a la técnico, la principal tecnología que no fue evaluada fue el sistema que permite grabar por dos minutos después que las cámaras son apagadas, con el fin de tener registros completos de los operativos policiales.