El Tribunal Electoral Regional de Valparaíso rechazó el recurso en contra del alcalde Jorge Sharp, en el que concejales del anterior periodo pedían su remoción por "notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad".

Los exconcejales Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Luis Soto (UDI), Daniel Morales (Ind.), Eugenio Trincado (DC) y Ruth Cáceres (RN), denunciaron que Sharp "ha cometido diversas acciones y omisiones irregulares e infracciones a la legislación vigente", motivo por el que solicitaron su destitución como Alcalde de Valparaíso y, con ello, la inhabilidad para ejercer cargo u oficio público por el término de cinco años.

Los ediles formularon 17 cargos en contra del jefe comunal de Valparaíso, entre los cuales se encontraba un supuesto superávit en la contratación de funcionarios, irregularidades en contratos de arriendo, la omisión de deberes en la fiscalización del comercio ambulante, la contratación de Santiago Aguilar (organizador del festival Mil Tambores) como asesor, la explotación de trabajo infantil en liceos de la comuna, concursos, acoso laboral y sexual, además de maltrato.

Pero la gota que rebalsó el vaso para los concejales porteños fue el Informe Final Nº 273 de la Contraloría General de la República, el cual entregaba las conclusiones respecto a una auditoría realizada en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), que estableció que tanto en el liceo Técnico de Valparaíso como en el liceo María Luisa Bombal se desarrollaron actividades comerciales distintas a las pedagógicas, por las que recibieron más de $490 millones.

La Cormuval –presidida por Jorge Sharp– también fue apuntada por realizar pagos para colaciones, empanadas, agendas escolares y buzos deportivos; la presentación de los servicios de fotocopiado con cargos a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), por $82 millones; y otros como el servicio de coctelería de recintos de la Cormuval, las áreas productivas de comercialización en los liceos Técnico y Bombal, pagos de remuneraciones, faltas en rendiciones y contrataciones sobre lo permitido.

A todo ello se sumó la acusación por omisión en su obligación de cumplir los fallos de la Corte de Apelaciones y la falta de control en el otorgamiento de permisos precarios, entre otras situaciones denunciadas por los ediles en el escrito presentado ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

Y el órgano electoral declaró en su fallo que "los cargos formulados en el requerimiento serán desestimados, por cuanto no se ha comprobado que el requerido (Sharp) ha incurrido en notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativas, sin que exista mérito tampoco para aplicarle alguna de las medidas disciplinarias solicitadas".