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Tribunal ordena al fisco indemnización de $80 millones para 31 de los 33 mineros rescatados en Atacama

El 9° juzgado civil de Santiago condenó al fisco a pagar $2.480 millones de indemnización a 31 de los 33 mineros que estuvieron atrapados tras el derrumbe en el yacimiento San José, Región de Atacama, donde estuvieron 69 días atrapados en 2010.

Según el fallo, cada uno recibirá $80 millones, entre ellos, Luis Urzúa, el jefe de turno y último en abandonar el pique; Mario Sepúlveda; José Ojeda, quien escribió el mensaje "Estamos bien en el refugio los 33"; Omar Reygadas, quien envió un mensaje a los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva inundada en Tailandia; Edison Peña y Franklin Lobos. Mientras que los dos mineros que no figuran en la demanda son Juan Illanes y Raúl Bustos.

En el fallo, la jueza Lidia Poza Matus estableció la responsabilidad del Estado, particularmente, del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo. En esa línea, sostuvo que hubo una falta de fiscalización a la empresa minera San Esteban Primera S.A, dueña del yacimiento donde fue el derrumbe.

"De este modo y respecto de Sernageomin, llama la atención, que en casi una década de funcionamiento e intermitentes cierres por accidentes, además del incumplimiento reiterado de las exigencias de seguridad en el trabajo, nada se indicara ante el no cumplimiento por la compañía minera de la ejecución adecuada de los proyectos presentados", dice un extracto del fallo.

"Y que por el contrario mientras aumentaba la productividad y a la par la tasa de accidentabilidad, la entidad más importante en materia de resguardo de estos deberes, no tomara medidas efectivas de cumplimiento de los estándares legales (…)", explica el fallo.

De este modo, la jueza descartó los argumentos del fisco, que apuntaban hacia la existencia de reparación por las medidas adoptadas para rescatar a los mineros y los beneficios que se les fueron entregados luego del suceso, estableciendo la obligación de reparar el daño moral provocado a los 31 demandantes.