La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización de $60 millones a un manifestante que sufrió un daño neurológico luego de ser impactado en la cabeza, en diciembre de 2019, en el contexto del estallido social.

El hecho ocurrió durante una protesta que se desarrollaba en el sector de la Plaza Italia, donde el afectado, Héctor Gana, recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, la que fue lanzada por un funcionario de Carabineros.

La decisión fue adoptada de forma unánime por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó sin efecto la resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, el cual había declarado prescrita la acción tras acoger la excepción planteada por el Fisco.

“Los hechos evidencian una falta de servicio atribuible a los agentes del Estado por acción, al efectuar disparos indiscriminados y desproporcionados, incumpliendo con las obligaciones normativas que regulan su actuar”, señala el fallo. 

Según indicó el tribunal, en este caso “el actuar indiscriminado y desproporcionado de los funcionarios, quienes dispararon hacia el cuerpo del demandante (a su cabeza) un proyectil lanza gases (bombas lacrimógenas) sin justificación legal, le provocó lesiones graves”.

En consecuencia, se configuró la falta de servicio al constatarse un desempeño “fuera de los márgenes legales, esto es, un cumplimiento defectuoso de la función pública“.

A juicio de la corte, este generó un daño que obliga al Estado a una reparación por indemnización de perjuicios por daño moral.

“La lesión sufrida ha dejado consecuencias físicas graves e irrecuperables al actor. Tal situación sin duda ha provocado, además, un daño emocional, un sufrimiento que acompañará al Sr. Gana el resto de la vida. Todo lo anterior debe ser reparado de forma integral”, concluye el fallo.