El futuro de la cuarta candidatura a la Presidencia del fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, oficialmente está en manos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que tiene hasta el sábado para resolver el caso, por ser la fecha en que vence el plazo legal para revisar el padrón electoral.

La defensa de ME-O apeló este martes contra el fallo del Primer Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano, que el fin de semana lo excluyó de la nómina al acoger el recurso ingresado por Mario Esquivel, abogado reconocido por su tendencia derechista, quien impugnó su nueva postulación por su vinculación al caso OAS.

Los integrantes de la Corte Suprema Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco y Jorge Dahm resolverán el caso, a quienes se suma Jaime Gazmuri, en su calidad de ex vicepresidente del Senado. Se espera que la apelación sea puesta en tabla entre jueves y viernes.

El fallo cuestionado por ME-O dispone que su absolución de los delitos que se le imputaron en el marco del caso OAS "no constituye sentencia definitiva", y que para los efectos "de poner término a la suspensión (del sufragio), debe estar firme o ejecutoriada".

El 20 de septiembre se dará lectura a la sentencia de esa causa, y es posible que Fiscalía pida la nulidad del juicio.

Impugnación de Jocelyn-Holt
Su candidatura tiene otras tres presentaciones pendientes: dos de ellas en el Tricel, y un nuevo requerimiento de inaplicabilidad ingresado ante el Tribunal Constitucional, que en agosto pasado le restituyó su derecho a sufragio.

Uno de esos recursos tiene como fin paralizar la presentación ante el Tricel del ex candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt, quien interpuso un reclamo por la decisión del Servicio Electoral de validar las postulaciones de Franco Parisi y ME-O. Sobre este último, el texto sostiene que no puede participar de las elecciones estando acusado y formalizado por delitos que merecen pena aflictiva.

Por ello, la defensa del líder del PRO pidió una vez más declarar inaplicable el artículo 17 de la Ley N° 18.556, que permite que los juzgados de garantía informen al Servel las personas que han sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva.

El Tricel también está revisando esta causa, y los alegatos se efectuaron en la última jornada.