Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, solicitó considerar a los condenados por violaciones a los derechos humanos en la iniciativa que quiere entregar el beneficio del arresto domiciliario a los mayores de 65 años, en el marco de las medidas para frenar el avance del coronavirus.

Según la senadora UDI, en varios casos de criminales de lesa humanidad hubo “participación indirecta”, lo que justifica que sean incluidos en esta medida.

“Probablemente no pudiera ser un beneficio que se les pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde hacer una discriminación de esa naturaleza, porque efectivamente dentro de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos hay personas que fueron condenadas con penas muy bajas, producto de que no tuvieron una acción directa”, declaró la timonel UDI.

Van Rysselberghe señaló que “personalmente conozco a algunos que eran cabos y que eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando”.

“Sin embargo hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, muchos de ellos con enfermedades graves y todos adultos mayores”, agregó.

La propuesta presentada por el Gobierno ante el Senado busca beneficiar a 1.300 presos, pero excluyendo a los condenados por delitos de lesa humanidad.

En la iniciativa podrán optar al arresto domiciliario quienes tengan un tiempo mínimo cumplido de su pena y saldos máximos, a ellos se suman mujeres mayores a 65 años, reas embarazadas o que tengan hijos menores de años y con un tercio de la pena cumplida.

Respecto a los hombres, deben ser mayores de 75 años o que tengan entre 74 y 65 años con la mitad de su condena cumplida.