No son días fáciles para Daniel Jadue, (PC) exalcalde de Recoleta y hoy candidato a diputado. Lo aceptaron como candidato a diputado por el distrito 9 pero ahora lo perseguirán por una millonaria cifra.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil de indemnización por los millonarios perjuicios fiscales en que habría incurrido el exalcalde y otras cuatro personas -José Muñoz, Raúl Moraga, María Eugenia Chadwick y Eduardo Sendra- en la adquisición de una serie de insumos con fondos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que terminaron lejos del destino para el cual fueron requeridos.

En el texto ingresado por el abogado Marcelo Chandía se relatan los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía, que comienzan en 2020 cuando Jadue, Moraga y Muñoz “intervinieron en operaciones en razón de sus cargos (...) y realizaron una serie de actuaciones para defraudar a dicha Asociación”, según consigna La Tercera.

La demanda

Fue por esos años, dice la demanda, que comenzaron las acciones defraudatorias. Jadue, en su calidad de presidente de Achifarp, ordenó compras sin contar con la aprobación del directorio.

“El imputado, sin contar con requerimiento de mercaderías de ninguna municipalidad adherida, y tampoco contar con la aprobación del directorio para compras de más de 500 UTM, infringiendo los artículos segundo letra b) y el décimo noveno letra i) de los estatutos de la Achifarp respectivamente, y abusando del mandato encargado por el directorio de velar por el cumplimiento de los estatutos, concertado y con el conocimiento del imputado Raúl Moraga, secretario ejecutivo, acordó con la empresa Best Quality Products SpA la compra de mercaderías correspondiente a diversos insumos médicos por una suma total de $ 1.384.817.875 pesos”, dice el texto.

Por esas compras se emitieron 11 facturas a Best Quality Products SpA entre el 1 de julio y el 10 de noviembre de 2020. Fue en ese período donde Jadue compró insumos y medicamentos pensados para combatir la pandemia.

Con todo, también se aumentaron los sueldos de Achifarp, pese a las deudas que acarreaban. Las remuneraciones crecieron un 86% entre 2020 y 2021. Dichas deudas, según la demanda y también la investigación penal, eran solventadas con recursos de la Municipalidad de Recoleta.

“Teniendo la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación, y de evitar las consecuencias judiciales, y la inminente responsabilidad penal del imputado Jadue por las operaciones realizadas, los imputados se concertaron para la obtención de recursos desde la Municipalidad de Recoleta para obtener liquidez”, se señala.

“En este caso, con la perpetración del delito se ha causado un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile, equivalente al valor total de las operaciones defraudatorias en las que intervinieron los respectivos acusados, descritas en los hechos antes transcritos, esto es, la suma total de $ 3.673.987.025, más los montos sustraídos por el acusado Matías Muñoz, detallados en el hecho 6, previamente referidos, esto es, la suma total de $ 31.935.091″, se añade en la demanda.

En 13 puntos se detalla que el total de indemnización llega a los $ 3.705.922.116. Eso sí, se pide que estas cantidades sean reajustadas conforme a la variación de IPC. Lo mismo con pago de intereses y costas de la causa.

En julio de 2024, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de los querellantes en la causa penal y ordenó congelar varios bienes del militante PC. Se trata de la casa donde vive, ubicada en La Reina; otra en Huechuraba, un departamento en Recoleta, un local comercial en esa misma comuna y un auto Mini Countryman Cooper. Todo avaluado en más de $ 530 millones.

Acusación particular

En el escrito de la demanda, el CDE además presentó una acusación particular en el caso dado que no se plegó a la realizada por la Fiscalía.

El organismo que preside el consejero Raúl Letelier, solicita más penas de las que pidió el Ministerio Público, ya que la fiscal Giovanna Herrera pidió 18 años de cárcel. El CDE, en tanto, solicitó más de 20 años de presidio.

El desglose es así: “Como autor de los delitos consumados y reiterados de fraude al Fisco, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio; una pena de multa de la mitad del perjuicio causado, esto es, de 21.041 Unidades Tributarias Mensuales; la pena especial de 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Por el delito consumado de estafa, el CDE solicita “la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo; una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales; las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Luego “como autor del delito consumado de concursal, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Finalmente, por “el delito consumado de cohecho, de conformidad a los artículos 249, 251 quinquies n°1 y n°2 b), la pena de 5 años y 1 día de reclusión mayor en su grado mínimo".