Los datos son categóricos: más de 179 mil estudiantes bajo dependencia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) registran ausentismo grave o crítico. Representan uno de cada cinco casos en el país. A ello se suman paralizaciones de funcionarios, fallas de gestión, problemas de infraestructura y ejecución presupuestaria deficiente. Es decir, la desmunicipalización que prometía rescatar la educación pública hoy está debilitando su propio propósito.

La Ley N° 21.040 creó la Dirección de Educación Pública (DEP) dentro del nuevo Sistema Educación Pública, con la misión de “asegurar una educación de calidad, equitativa y descentralizada”. Pero la realidad muestra un sistema burocrático, fragmentado y sin rendición de cuentas efectiva. El problema no está en la idea de fortalecer la educación pública, sino en la forma en que se ha ejecutado su implementación.

1. El diagnóstico: una gestión sin dirección

Los SLEP fueron concebidos para profesionalizar la gestión educativa y reemplazar la heterogeneidad municipal. Sin embargo, hoy replican lo peor del antiguo modelo: lentitud administrativa, falta de autonomía y desconexión con las comunidades escolares.

El ausentismo crítico —un indicador sensible del deterioro del aprendizaje— revela que la nueva institucionalidad no ha logrado retener ni motivar a sus estudiantes.

A esto se agregan los paros prolongados por demandas laborales, que reflejan un diseño normativo incapaz de conciliar condiciones de trabajo dignas con continuidad del servicio educativo, afectando directamente el derecho a la educación consagrado en el artículo 19 N° 10 de la Constitución.

2. La obligación de evaluar antes de expandir

La Ley N° 21.040 no sólo creó la Dirección de Educación Pública; también le impuso funciones precisas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

El artículo 61 es inequívoco: la DEP debe elaborar, evaluar y rendir cuenta pública anual de la Estrategia Nacional de Educación Pública y de los convenios de gestión educacional de cada SLEP.

Pero esa obligación no se ha cumplido integralmente, y el Congreso no dispone de una evaluación independiente y verificable que justifique seguir ampliando el modelo.

En este contexto, persistir en la expansión de los SLEP sin evaluación técnica ni control institucional es una forma de irresponsabilidad fiscal y educacional. Las políticas públicas deben regirse por evidencia, no por cronogramas políticos.

3. Propuesta concreta para la Ley de Presupuestos

Ante este panorama, el Congreso puede —y debe— actuar. La Ley de Presupuestos no es solo un instrumento financiero, sino también un mecanismo de control de políticas públicas. En ella debiera incorporarse una glosa especial que disponga:

Suspender temporalmente la creación o entrada en funcionamiento de nuevos SLEP durante el año 2026, hasta que se rindan los informes de evaluación previstos en la ley.
Mandatar una auditoría externa independiente, con participación de las principales universidades del país, para evaluar la Estrategia Nacional de Educación Pública, los convenios de gestión educacional y el impacto en aprendizaje y equidad.
Ordenar a la Contraloría General de la República realizar una auditoría de gestión y cumplimiento en todos los SLEP actualmente operativos, verificando ejecución presupuestaria, cumplimiento de metas y uso de recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
Solicitar informes a la Superintendencia de Educación y a la Agencia de Calidad, revisando si sus mecanismos de fiscalización y evaluación se han adecuado al nuevo modelo, o si se mantienen anclados en la lógica municipal.
Encargar a la Dirección de Presupuestos un informe consolidado de impacto financiero y eficacia del sistema, a ser presentado junto con la Cuenta Pública del Ministerio de Educación.

4. No se trata de detener, sino de corregir
Suspender la expansión no significa retroceder. Significa actuar con responsabilidad institucional.

No hay reforma sostenible si los niños y niñas siguen fuera del aula, si las comunidades educativas no son escuchadas y si el Estado carece de una evaluación integral sobre el destino de miles de millones de pesos invertidos.

El país necesita una pausa inteligente: detener para medir, medir para corregir, y corregir para avanzar.

5. Una oportunidad para recuperar la confianza
La educación pública chilena no puede seguir siendo un laboratorio de ensayo permanente.

Esta es la oportunidad para que el Congreso, la Contraloría, las universidades y el propio Ministerio de Educación devuelvan confianza al sistema, estableciendo estándares claros de evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Solo así la promesa de una educación pública de calidad dejará de ser una consigna y se transformará, finalmente, en una política de Estado.-