Por Alfredo Peña . 

Pasó inadvertido. Menos mal.
Hace pocos días, el 20 de febrero de 2026, la Superintendenta de Casinos de Juego, Vivian Villagrán, cerró nueve años al frente de la SCJ con una carta dirigida a los operadores del país. En ella habla de “una industria sostenible, moderna y responsable”, de “visión de futuro”, de “excelencia técnica” y de “solidez institucional”.

El problema es que los hechos públicos y verificables muestran exactamente lo contrario, lo que torna imprudente el relato al estar desprovisto de veracidad. 

En efecto, la realidad es que la industria que deja la exSuperintendenta no exhibe estabilidad ni expansión, sino investigaciones por colusión, renuncias de permisos sin ejecución de garantías, procesos cuestionados en múltiples plazas, debilitamiento de ingresos municipales y un modelo de adjudicación que terminó tensionando estructuralmente a esta industria de la entretnción. 

La carta parece describir un país regulatorio distinto al real y ello es manifiestamente preocupante. 

1. Multi millonaria Colusión constatada por la Fiscalía con investigaciones acuciosas y licitaciones que siguieron su curso.

Los tres principales actores del mercado están hoy enfrentando requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por hechos investigados por la Fiscalía Nacional Económica. Incluso por auto dennuncias de los propios ejecutivos de las empresas involucradas en la colusión.

Lo más grave no es sólo la conducta empresarial —que deberá ser determinada judicialmente—, sino el rol institucional.

La propia Superintendencia denunció estos graves hechos ante la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, los procesos licitatorios cuestionados no fueron suspendidos. Por el contrario, continuaron su tramitación y adjudicación.

Esto genera una contradicción institucional evidente:
Si existían antecedentes suficientes para denunciar colusión,
¿Cómo no existían antecedentes suficientes para suspender procesos potencialmente viciados?

El regulador terminó denunciando y, al mismo tiempo, amparando la continuidad de procedimientos cuya limpieza estaba bajo sospecha.

En términos de gobernanza pública, aquello no es una anécdota administrativa: es una fractura de coherencia regulatoria.

2. La comisión investigadora y el caso Enjoy
El actuar de la Superintendencia ya había sido objeto de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Entre los puntos observados estuvo la falta de reacción oportuna frente a:

Préstamos de dinero otorgados por Enjoy a jugadores, práctica prohibida por la ley.
Ofertas económicas temerarias en procesos de adjudicación.
Una supervisión que no previno el deterioro financiero progresivo del principal operador.

Las ofertas desproporcionadas que permitieron adjudicaciones terminaron siendo financieramente inviables que incluso terminan "devolviendo" sus adjudicaciones como el Casino más icónico de Chile, como es el de Viña del Mar. El resultado es conocido: crisis empresarial, reorganizaciones, renuncias y debilitamiento del sistema.

Una industria que compite sólo por oferta económica y no por calidad de proyecto es estructuralmente inestable. Ese cambio de modelo fue decisivo.

3. Renuncias sin ejecución de pólizas: el punto más crítico

El episodio más delicado fue la aceptación de renuncias de permisos en plazas como el icónico casino de Viña del Mar, el de Pucón y y el de Coquimbo, sin hacer efectivas las garantías exigidas en las respectivas bases de licitación. ¿Porqué no hicieron efectivas las garantías? Todos sabemos que son millones de dólares. Pero la Superintendencia y su exjefa miró para el lado y no hizo lo que ocurre con cualquier Pyme, o gran empresa: Si participan en una licitación pública y no cumplen, ahí están las boletas de garantía. Acá se hicieron los lesos y lesas...Y el Estado o usted señor o señora que tiene que pagar impuestos, perdió. Paga Moya, como dicen los economistas...

La ley establece que dichas garantías son irrevocables.
No ejecutarlas:
Debilita la fuerza obligatoria del régimen concesional.
Genera trato desigual frente a otros operadores.
Afecta directamente los ingresos municipales comprometidos.
Transfiere costos a comunas que planificaron presupuestos en función de esos flujos como ha reclamado publicamente la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti.

Permitir la salida sin ejecutar pólizas equivale, en términos prácticos, a socializar el riesgo empresarial.

Eso no es neutral regulatoriamente. Es una decisión que altera las reglas del juego de cualquier empresa que se presente a futuro por esas plazas que devolvió Enjoy: Viña, Pucón y Coquimbo.

4. Plazas paralizadas y procesos cuestionados

Aysén, Castro, Puerto Varas, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Talca han estado bajo cuestionamientos públicos, judiciales o administrativos.

Las consecuencias son concretas:

Ingresos municipales presentes en riesgo.
Ingresos fiscales futuros inciertos.
Proyectos paralizados.
Inversiones detenidas.
Impactos laborales potenciales.
Conflictos ambientales en varias plazas.

Una industria que debía ser motor territorial terminó convertida en foco de incertidumbre.

5. El proyecto de ley de juego online: omisiones graves

En su carta, la exSuperintendenta destaca su aporte al proyecto de regulación del juego en línea.

Sin embargo, el texto en tramitación ha sido ampliamente criticado por:

No incorporar sistemas obligatorios de control biométrico.
No establecer mecanismos robustos para impedir acceso de menores.
No contemplar bloqueos efectivos para autoexcluidos.
No integrar sistemas cruzados con registros de interdicción por disipación.

Regular sin cerrar esas brechas significa trasladar riesgos sociales hacia el futuro.

Una ley de juego online sin arquitectura tecnológica fuerte es regulación incompleta.

6. La transición mal interpretada

Otro elemento estructural fue la interpretación restrictiva de las normas de transición de la ley de casinos.

El diseño original del sistema proyectaba horizontes que podían extenderse hasta 30 años bajo determinadas condiciones. Reducir ese horizonte efectivo generó:

Incentivos distorsionados.
Competencia por sobreoferta económica.
Deterioro de sustentabilidad financiera.

Nada justifica eventuales conductas colusivas. Pero comprender el entorno económico ayuda a entender cómo se incubaron incentivos perversos.

El regulador no es responsable de la decisión empresarial ilícita; sí lo es de diseñar un entorno institucional que no fomente desequilibrios estructurales.

7. La ausencia de nuevos inversionistas

Durante casi una década no se observó un ingreso significativo de nuevos actores internacionales de primer nivel. Es más, en la práctica simplemente no existieron. 

En una industria ultra globalizada, eso es un indicador más que relevante.

Cuando un mercado regulado pierde atractivo competitivo, el problema no es sólo empresarial; es institucional.

8. Convenios de desempeño y responsabilidad administrativa

La ley exige convenios de desempeño para altos cargos.

La pregunta inevitable es:
¿Se evaluaron con indicadores reales de estabilidad sectorial?
¿Existieron métricas de riesgo financiero?
¿Se midió el impacto en ingresos municipales?
¿Se evaluó el manejo de procesos colusivos?
La rendición de cuentas no puede limitarse a informes formales. Debe reflejar resultados sistémicos.

Una carta que habla de solidez; una industria que muestra fragilidad

En la página final de su carta, la exSuperintendenta afirma que la industria seguirá “elevando sus estándares”.

La evidencia observable muestra:

Procesos bajo investigación.
Plazas debilitadas.
Renuncias sin ejecución de garantías.
Modelo adjudicatorio cuestionado.
Riesgos fiscales y municipales.
Desconfianza inversora.

La distancia entre el discurso de despedida y el estado real del sector es notoria.

La regulación de casinos no es un tema menor:
Impacta presupuestos municipales.
Afecta empleo regional.
Incide en políticas de juego responsable.
Tiene implicancias en libre competencia.
Genera recaudación fiscal relevante.

Una década de mala conducción técnica y regulatoria deja huella.

La discusión no es personal. Es institucional.

Si quien encabezó la regulación aspira a nuevos cargos de alta responsabilidad, el análisis de su gestión debe ser completo, técnico y basado en resultados objetivos.

Porque cuando la industria regulada entra en crisis estructural, el regulador no puede declararse exitoso sin explicar, con rigor, cómo se llegó hasta ahí.

Y esa explicación, hasta ahora, no aparece en la carta de despedida.