Por Mario López M.
El pasado miércoles una manifestación pacífica en pleno centro de la ciudad jardín, en la plazoleta María Luisa Bombal, un importante grupo de mujeres a los que se fueron sumando transeúntes, levantó la voz para protestar llamando a los tribunales de familia a no castigar a una madre, quitándole sus hijos, solo por defenderlos bajo la convicción de que eran abusados por su progenitor.
De riguroso negro y portando globos y pancartas que rezaban “Juzgados de familia: proteger a mis hijos no es delito”; “Hace nueve meses le prohíben a mis hijos verme” o “Cientos de niños alejados de sus madres ¡devuélvanlos!”, las mujeres, muchas acompañadas por su hijos, solidarizaban con Estefanía, una mamá que ha sido víctima de una inusual situación al ser despojada, por resolución judicial, del cuidado de sus hijos por denunciar, sin poder acreditar judicialmente, que el padre abusaba sexualmente de los niños.
"Es demasiado injusto"
Apoyadas por un altavoz llamaban a los sorprendidos vecinos, peatones y automovilistas a sumarse en la petición de que los tribunales de familia tomaran conciencia del daño causado. No solo expectación se produjo, pues llamó la atención que muchas mujeres que venían justamente desde los tribunales de familia situados en el sector se aproximaran a las manifestantes y les expresaran no solo su solidaridad sino que además relataran sus propios casos. “Es increíble darse cuenta que tu caso no es el único, que muchas otras mamás están pasando por lo mismo y nadie hace nada”, señala Estefanía a Cambio21.
La protesta pacífica que convocó a más de sesenta personas a las que se fueron sumando transeúntes, se fraguó porque “la situación judicial llegó a tal punto, que mis propios abogados y otros profesionales que conocen la causa, a pesar de ser tremendamente prudentes y contrarios a que se ‘litigue en la calle’, reconocieron que ‘esto es demasiado injusto’, y que nunca en los más de 10 o 20 años que litigan, habían visto un caso así”, señala Estefanía explicando el por qué optó por protestar públicamente por la falta de justicia.
“Necesitaba que supieran que no me voy a seguir quedando callada, que no voy a seguir recibiendo dardos sin decir nada, que también tenemos voz. No es solo mi caso, al igual que varias mamás nos tienen pisando huevos, porque llevo a mis hijos al psicólogo me juzgan, si no lo hago, me juzgan igual, siento que el juzgado de familia en Viña ha sido muy injusto. Este ha sido un llamado a los jueces para pedirles que actúen con prudencia y criterio al conocer y resolver en las causas”, nos dice la mamá que, sin mediar una condena en su contra, lleva 9 meses sin poder ver a sus hijos y donde el colegio al que los trasladó su padre, no le informa del estado de los menores.
Un largo peregrinar
“Siento que ahora, el nuevo juez que lleva la causa, parece haber entendido la importancia de investigar, instruirse de la causa y tomar el peso de esto, que ha sido muy injusto con mis hijos. Entiendo que los jueces no tienen tiempo y poseen muchas tareas que les inhibe dedicarse en pleno, pero estamos hablando de hijos arrebatados a sus madres, victimizándolos a ellos y a nosotras sin fundamento real”, se lamenta Estefanía.
La causa en el tribunal de familia se encuentra en la fase preparatoria del cuidado personal de los niños. El padre reclama que fue acusado de un abuso sexual en contra de los hijos que no pudo ser probado en los juzgados de garantía por falta de relato de los niños (de solo 4 y 6 años) y que ello habría sido producto de que la madre los habría inoculado siguiendo la lógica hoy de moda en esos juzgados del llamado “síndrome de alienación parental”, (SAP), que afirma que existe una predisposición creada por la madre en el niño en contra de su padre para sacar provechos y beneficios secundarios.
“El problema es probar un abuso sexual en un niño de pocos años, no hay huellas físicas y los tribunales de garantía exigen prácticamente daños materiales aumentando los estándares probatorios. Como no pueden existir tales pruebas, no les creen a los niños y tampoco a los profesionales que han constatado tales abusos. En mi caso se me castiga porque enterada por profesionales de que mis hijos representaban signos de abusos sexuales me negué a las visitas por un mes y medio. Esa es mi ‘grave falta o delito’, por eso me tienen 9 meses sin verlos, desde el 23 de junio del año pasado”, relata Estefanía.
Cruel castigo
“Ni siquiera se me permite verlos frente a un tercero. El tribunal me considera peligrosísima por haberle negado las visitas al padre”, nos dice la acongojada mamá. Organizaciones de madres que protegen a sus hijos en Chile y el extranjero han solidarizado con esta causa.
El hecho no es único, pues obedece a una nueva manera de abordar las relaciones de familia a partir de la mal llamada “Ley Amor de Papás”, que pretendiendo igualar los derechos de los progenitores en el cuidado de los hijos en caso de separación, ha descuidado el interés superior del niño, transformándolo en un objeto de disputa judicial.
Cientos y quizás miles son las madres a las que se les ha privado del cuidado de sus hijos, muchas han sido encarceladas por negarse a visitas paternas existiendo causas por presuntos abusos sexuales en contra del padre, documentadas por informes de psiquiatras y psicólogos.
La descoordinación entre los juzgados de familia y los de garantía es tremenda, pues en los primeros no se determinan las normas de cautela que garanticen la seguridad de los menores a la espera que los segundos determinen la culpabilidad del presunto agresor. En el intertanto siguen las visitas e incluso se les obliga a pernoctar con el imputado de abusos. Ello determina que muchas mamás se nieguen a las visitas y, rompiéndose la vinculación, estiman los tribunales, les vienen las penas del infierno a las mamás.
¿Qué haría usted?
Estefanía, por entender –equivocadamente o no- que protegía a sus hijos de un presunto abusador, fue enviada a la cárcel y sus hijos les fueron arrebatados por la fuerza pública. Hasta antes de los cinco informes periciales provenientes de cuatro diferentes profesionales que le indicaron la presencia de rasgos de abuso sexual sufrido por sus hijos, ella había respetado las visitas paternas. A partir de ellos se negó a las visitas, siendo sancionada. Uno de los informes provenía incluso del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAVAS), dependiente de la PDI. El tribunal no entendió razones y la privó no solo del cuidado personal entregándoselo al padre, sino que además le prohibió verlos.
“¿Qué haría usted si tiene sospechas fundadas de que sus hijos han sido abusados sexualmente?”, se pregunta Estefanía. Menos del 5% de las denuncias de abuso sexual infantil se llegan a formalizar por no existir pruebas materiales de los abusos.
“Soy mamá y si es necesario daría mi vida por mis hijos. ¿Por qué, por defenderlos, y realizar una denuncia, ahora mis hijos deben ser castigados por eso? ¿Por qué, si es un derecho de los niños relacionarse con su madre, la justicia lo impide? Llevan 9 meses sin verme, el juzgado de Viña lo impide solo porque no cumplí con las visitas durante un mes y medio y por eso me tildan de peligrosa para ellos, por haber impedido el vínculo con el padre, pero paradójicamente el juzgado hace lo mismo pero aún peor, impide que mis hijos estén conmigo, su mamá, volviendo a vulnerarlos, y por más tiempo, de manera abrupta y sin explicación alguna, solo debido a que incumplí con las visitas con el presunto agresor”, señala Estefanía.
“Ni siquiera los puedo abrazar y decirles que los amo mucho, sin poder saber nada de ellos ni el colegio al que asisten me responden los mail o preguntas. ¡Por protegerlos incluso fui a la cárcel! ¡Los derechos de mis hijos deben ser respetados, mis hijos están siendo castigados por un actuar mío! Ellos no hicieron nada, ¿por qué se les priva de su mamá? ¡Son pequeños! ¡Me necesitan! ¿Cómo no puedo verlos? Yo hice lo que había que hacer frente a una develación. ¡Proteger a mis hijos no es delito! Estoy desesperada no sé qué más hacer. Solo quiero ser escuchada”, concluye Estefanía. Lo que no concluye es este calvario.