El Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), junto a la Subsecretaría de Salud Pública, presentaron ante la Fiscalía Oriente una denuncia por el delito de apropiación indebida, luego que se conociera que el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, obligara a una enfermera a inocularlo con una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

De acuerdo a información revelada por la SPD, los hechos en los que se vio involucrado Gil configuraría el delito mencionado, ya que se asocia con intentos de obtener impunidad en la entrega de un certificado doloso.

“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria con la obligación de que dicho establecimiento de salud, la suministrara estrictamente en forma y condiciones que la autoridad señale”, dice la denuncia.

La presentación judicial agrega “una vez que Gil se habría apropiado indebidamente de una dosis de la vacuna Pfizer-Biontec, que se encuentra destinada por la autoridad sanitaria para ser suministrada a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, Gil habría realizado acciones destinadas a asegurar la impunidad de su actuar consistente en presentar un certificado médico de fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que había exigido la inoculación a su respecto con la tercera dosis”.

En dicho documento, se dice en la denuncia, “justificaba su actuar en la indicación médica de la inoculación y demás despidió a la funcionaria Carla Garrido Ortiz que cumpliendo con las exigencias que impone la autoridad sanitaria, informó el evento de error de programación mediante formulario a la Seremi de Salud Metropolitana”.

A contar de ahora, el fiscal regional Manuel Guerra deberá designar a un persecutor penal para la tramitación de esta indagatoria.

Dentro de las primeras diligencias, estará, por cierto, el interrogatorio al ejecutivo, quien está casado con la empresaria Cecilia Karlezi, controladora de la clínica.

Además de la denuncia de la SPD, Gil enfrenta en tribunales una querella por el supuesto ilícito de apropiación indebida por $60 millones, interpuesta por el exjefe de la Unidad de Paciente Críticos (UPC) de la CLC, Tomás Regueira.

En el libelo dado a conocer por este medio, el facultativo explicó que fue el encargado de realizar un estudio clínico de la farmacéutica Glaxosmithkline en dependencias del recinto de salud y que los honorarios asociados a esta función no fueron cancelados, pese a que la farmacéutica británica pagó todo el estudio a la clínica.

Y eso no es todo. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana inició un sumario sanitario contra la institución de salud por la aplicación de la tercera dosis al empresario.