"Yo sigo reforzando que en Chena puede seguir habiendo cuerpos, quizás fragmentos de prisioneros que allí fueron fusilados", afirma a agencia EFE Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, uno de esos antiguos centros de detención y tortura de la dictadura (1973-1990) que 50 años después apenas ha sido investigado.

Diversos testimonios aseguran que se trata de un "cementerio clandestino" que "ocupa el espacio de dos canchas de fútbol y está a escasos 300 metros de la carretera Longitudinal Sur, en la cara oeste del Cerro Mayor", como escribía en 1988 la revista Análisis en su número 217, artículo que incluía la confesión de un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

"Los primeros cadáveres comenzaron a llegar al cementerio clandestino en noviembre de 1973, a escasos meses del golpe militar. Fue desde el Estadio Nacional desde donde partieron los primeros ejecutados", señaló entonces el exagente, identificado como Ricardo Emilio Guzmán Bousquet, a la periodista Mónica González.

"A altas horas de la madrugada, camiones del Ejército marca Ford, Toyota o Mack, trasladaban hasta el recinto militar de San Bernardo su cargamento cubierto con lona resistente", agregó.

De acuerdo con su testimonio, "mientras unos vigilaban la acción metralleta en mano, otros militares cavaban las fosas. En un principio, debido a la cantidad de muertos que llegaban, se hicieron tumbas a un metro de profundidad. Después, se dieron órdenes de que las tumbas tuvieran como mínimo cuatro metros", describió.

LAS CAJAS OLVIDADAS
El 2002, 17 años antes de que fuera declarado Monumento Histórico y gracias al trabajo de la magistrada Cecilia Flores, aparecieron los primeros restos que destaparon su pasado represivo: pequeños restos óseos que fueron llevados al tribunal, clasificados y guardados en sobres de papel y en cajas rotuladas como "Cerro Chena".

A partir de ahí la historia de los restos se enreda: el nuevo encargado de la investigación, el juez Juan Guzmán ordena el traslado de las cajas y los restos a la Universidad de Chile, donde quedan apiladas y olvidadas en una bodega que se inundó en 2014.

En febrero pasado, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura conocieron que durante casi 23 años esos restos óseos permanecieron apilados sin ser sometidos a pericias de identificación. En total, 89 cajas con restos de 300 presuntas víctimas fueron dadas en custodia a la Universidad de Chile en 2002, que en 2019 pasaron, igualmente sin ser examinadas, al Servicio Médico Legal (SML), incluida la rotulada como "Cerro Chena".

"Estas cajas demuestran nuevamente un horror, una falta de humanidad, un desprecio. Esto nos ha afectado mucho, yo fui testigo de esto, las cajas existen y fueron olvidadas en el tiempo. No hay palabra para poder representar el daño que se hizo, negligencia no es suficiente", expresó Mónica Monsalves.

Algunas de las cajas han sido ya enviadas a un laboratorio de Austria para una identificación que los familiares esperan con ansia.

Informes oficiales como el que firma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como procesos judiciales acreditan lo que el Ejército se empeñó durante años en ocultar: en Cerro Chena se habría ejecutado a al menos 100 personas, entre ellas campesinos y obreros ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo, y el padre de Mónica Monsalves.

De acuerdo a la nómina entregada por el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, allí se encerró a 441 personas: 353 hombres y 88 mujeres. Algunas de ellas, fusiladas, fueron llevadas en camiones al SML, pero 17, según registros de la Corporación Memorial, aún permanecen desaparecidas, 14 campesinos de Paine y tres de San Bernardo.

La prioridad de las organizaciones de DDHH es, ahora, que este sitio figure en el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que el Gobierno aún elabora, que prevé despliegues en terreno para volver a revisar lugares con posibles tumbas clandestinas.

"La confianza que depositamos en este sistema fue un error, porque nosotros entregamos todos los antecedentes, todos los nombres, y el Poder Judicial nos negó saber la verdad respecto de los hallazgos que se hicieron en 2002 con ayuda de los familiares y la colaboración de los jueces", critica Monsalves, quien agrega que "nosotros confiamos en ellos y esa confianza fue traicionada con el olvido".