Foto: La viuda del cabo Naín conversando en enero de 2022 con el entonces presidente electo Gabriel Boric

El pleno de Cámara de Diputados y Diputadas discutió el proyecto de ley que otorga más atribuciones a Carabineros, así como también aumenta las penas para quienes atenten contra los uniformados, la llamada Ley Naín-Retamal.

En ese marco, las viudas de ambos carabineros asesinados en acto de servicio, se refirieron a la necesidad de legislar al respecto, acusando abandono de parte de las autoridades, en especial del Presidente Gabriel Boric.

Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín recordó el voto negativo del entonces diputado Boric al proyecto de ley en 2021, y asoció la demora en la discusión parlamentaria con la ocurrencia de otros delitos contra los uniformados.

“Cuando estoy acá (Congreso) me dicen que vamos por la ley, pero nada. Llego a Temuco y nada, veo las noticias y hay un carabinero muerto, una carabinera muerta, otro carabinero herido en el hospital. Quiero que se pongan los pantalones y vean lo que está pasando. El presidente (Boric), cuando la primera vez se iba a votar, el votó contra la ley y ayer lo veo en el funeral de la carabinera. Yo hablé con él y me dijo que me iba a apoyar, y no lo hizo”.

Quien también tuvo críticas hacia el gobierno y el Estado, fue Evelyn Decurgez, viuda del sargento de Carabineros, Carlos Retamal, a quienes acusó de no entregar las condiciones de seguridad necesarias para las labores de orden y seguridad.

“El gobierno, el estado, lo primero que debe mantener es una calidad de vida para los funcionarios como corresponden. Hoy los carabineros salen a trabajar por cumplir un horario, una promesa, pero sin que se cumplan las condiciones que fueron pactadas. Son bases de un trabajo único, especial que no cualquier persona es capaz de entregarlo”.

Mientras, diputados y diputadas continúan la discusión respecto de la ley Naín-Retamal, sin consenso en el oficialismo en particular a la posibilidad entregar a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil.