El abogado de Raúl Escobar Poblete, José Luis Vargas, comentó el pedido de extradición de Chile que fue aceptado por las autoridades mexicanas para que el ex frentista sea juzgado por el asesinato de Jaime Guzmán ocurrido en 1991.
En conversación con El Diario de Cooperativa desde México, el jurista planteó que el "comandante Emilio" pretende volver a Chile, aunque dejó la puerta abierta a una eventual solicitud de amparo.
"(Escobar Poblete) no pretende quedarse acá en el país por una razón u otra (...) él es el que tiene que decidir si acepta ampararse, iniciar un juicio de amparo, o dejar que todo transcurra", aseveró.
De todos modos, el abogado aclaró que la extradición de su defendido no se dará antes de que termine el proceso que enfrenta en el país de Norteamérica por un supuesto secuestro.
"Para el proceso de extradición todavía falta, ya que el tratado de extradición entre Chile y México así lo contempla. Una vez que sea juzgado acá por la detención que tiene, (recién) una vez terminado eso se tomará la disposición", aseguró.
Vargas dijo que su representado es acusado en ese país por el secuestro de una mujer extranjera, aunque consideró que no hay pruebas contundentes en su contra.
Con todo, ese caso "todavía está en etapa de investigación complementaria, en investigación judicializada, que le llamamos, entonces todavía no se fija fecha para el juicio oral", por lo que aún falta para que Escobar retorne a Chile.
"Hay un señalamiento político contra mi defendido"
Finalmente, el jurista consideró que el gobierno mexicano no debió haber aceptado la extradición de Escobar Poblete ya que hay riesgos de una persecución política.
"Aún con el tratado de extradición que es muy claro, yo considero que nuestro Gobierno no debió haber otorgado esa extradición, porque desde mi consideración lo que ustedes tienen allá es un señalamiento de tipo político hacia mi defendido", sostuvo.
"El delito que ustedes tienen allá como terrorismo, en México no es terrorismo como tal y la ficha roja solo está expedida para homicidio y el lapso para que prescriba es de 20 años y él fue detenido hace un año, cuando ya había transcurrido esa temporalidad, por lo cual no debió haber sido señalado en ese trámite de extradición", concluyó.