La exseremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo asistió a la comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro de esa cartera, Giorgio Jackson, y reiteró sus cuestionamientos a la gestión del secretario de Estado. Hidal acusó una “operación política” en su contra, maltrato y abuso de poder.

“En un gobierno que era, por todos sabidos, iba a ser un gobierno feminista, yo fui víctima de una operación política, de maltrato, de abuso de poder”, comenzó diciendo Hidalgo.

La acusación constitucional contra Jackson fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano y aseguran que el titular de Desarrollo Social incurrió en “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República”.

Hidalgo aseguró que su salida ocurrió luego que ella se negaba a votar proyectos inmobiliarios que tenían la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que eran apoyados por el gobierno. La exautoridad apuntó a la subsecretaria de Servicio Sociales, Francisca Perales, como quien ejercía “presiones en su contra” y también aseguró que desde el Ministerio del Interior pidieron su salida.

“Yo esperaría que el ministro Jackson tuviera conocimiento de las presiones que ejercía sobre mí la subsecretaria Francisca Perales, por ser su superior jerárquico directo. Eso es algo que deberá investigar otra instancia, que se lo podrán preguntar a él, yo lo desconozco, pero él es el jefe de ella y sus presiones yo las recibí por teléfono y otros medios electrónicos como WhatsApp”, aseguró.


El ministro presentó su argumentación ante la comisión y descartó que haya habido "presiones indebidas". 

“No existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo. Las acciones de coordinación realizadas por la subsecretaria Perales fueron expresión del deber de probidad administrativa, pues este también exige el despliegue de una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de la función pública. Precisamente, la coordinación desplegada tenía por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la exseremi en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, pero que, sin embargo, ella se excusaba de cumplir”, argumenta la defensa de Jackson.