Foto Portada.- Jorge Abbott Fiscal Nacional.

A fines de enero, la Corte Suprema recibió un escrito que, de forma inusual, firmaba el fiscal nacional, Jorge Abbott, en que pedía al máximo tribunal del país que el recurso de nulidad presentado días antes por el ingeniero comercial Aldo Motta Camp, condenado en el Caso Cascadas, fuera derivado a la Corte de Apelaciones. El argumento central de Abbott era que este tribunal era el que tenía la competencia para revisarlo, según informa La Tercera.

En el texto en que se hizo parte del proceso, el Ministerio Público solicitaba, además, que se rechazara parte de la prueba documental ofrecida por la defensa de Motta Camp para respaldar las seis causales esgrimidas para demostrar que el juicio y la sentencia en su contra infringieron la garantía del debido proceso.

Pues bien, ayer la Suprema declaró admisible la presentación del ex gerente general de las sociedades Cascada, lo que implica, en los hechos, que será esta entidad, y no la Corte de Apelaciones, como requería Abbott, la que revisará si hubo infracción a las garantías constitucionales o errónea aplicación del derecho.

El tribunal, además, aceptó la prueba ofrecida en los acápites sobre la separación investigación y la legitimación activa de los intervinientes. Sobre el primer punto, los abogados de Motta, Marcelo Sanfeliú y Samuel Donoso consignaron que “como consecuencia de la ilegal separación de investigación” se privó a Motta Camp “del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación y ejercicio de su defensa frente a la imputación criminal”.

En esta línea, se plantea que el ente persecutor no separó investigaciones (hechos investigados), sino a personas, y que al hacerlo sumó todos los antecedentes de la carpeta original. En paralelo, se acusa que al momento del juicio, el Ministerio Público renunció a la presentación de aproximadamente un 80% de la prueba documental que había ofrecido en la acusación -que corresponde a varios millones de páginas- que la defensa debió analizar y prescindió de un 55% de los testigos que ofreció en la acusación, entre otros aspectos.

En cuanto a la legitimación activa, la imputación apuntó a la intervención de un litigante “que carecía por completo del derecho a intervenir”, en referencia a Roberto Lobos Cerda, quien adquirió acciones de Cascadas después de los delitos indagados. Se entregan pruebas que, según los abogados, “demuestran que el señor Lobos adquirió las acciones pura y simplemente para deducir instrumentalmente su querella”.

Cabe precisar que la sentencia que Motta Camp busca anular es la del 13 de enero, en la que el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago lo condenó a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, sanciones accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, prohibición por un plazo de cuatro años para ejercer cargos y oficios públicos. Además se le impuso la pena accesoria del artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores, esto es, la inhabilitación especial de cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador, a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva.

Ello tras considerar que el profesional era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante. En el juicio, el ejecutivo fue absuelto de otras tres transacciones que implicaban la eventual entrega de información falsa al mercado y la adulteración de actas de directorio.