Diputados y concejales oficialistas enviaron un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por el uso de recursos públicos y los graves vicios metodológicos en la consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), con la que busca justificar el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende a Salesianos.

La calle lleva el nombre del fallecido expresidente desde el año 2023, bajo la administración de Erika Martínez, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La edil comunicó el pasado miércoles que un 82% de los consultados está de acuerdo con que vuelva a su antiguo denominación, por lo que el martes 12 de agosto, la jefa comunal intentará aprobar su iniciativa.

El oficio fue firmado por las diputadas Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto a las concejalas de San Miguel, Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC).

“Está justificando el cambio de nombre por una consulta engañosa. Vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados”, dijo Yeomans.
Por su parte, el diputado Daniel Melo sostuvo que "este instrumento, que a todas luces tiene altos niveles de opacidad, busca justificar un capricho ideológico y negacionista de la alcaldesa Bown”.

Las autoridades denunciaron que el instrumento utilizado por el municipio presenta serias irregularidades que invalidan sus resultados, entre las que destacan:

Instrumento tendencioso: El título y las preguntas de la encuesta están redactados para inducir una respuesta favorable al cambio de nombre, en lugar de consultar de manera neutral.
Universo no definido y falta de representatividad: No se especifica a quiénes se encuestó (residentes de la calle, de la unidad vecinal o de la comuna), y existen múltiples testimonios de vecinos que no fueron consultados, poniendo en duda la validez del supuesto 82% de aprobación.
Solicitud de datos personales: Se pidieron datos como RUT, dirección y teléfono, lo que pudo coaccionar la respuesta de los vecinos por temor a represalias de la administración.

Además de las críticas al proceso, los parlamentarios y concejalas advirtieron sobre los problemas prácticos que generaría el cambio. Instituciones como Carabineros, Bomberos y servicios de ambulancia verían dificultada su coordinación, ya que la misma avenida mantiene el nombre de Salvador Allende en las comunas vecinas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, generando un punto de quiebre logístico en San Miguel.

Las concejalas de la comuna, en compañía de Hilda Barrueto, integrante del Concejo de la Sociedad Civil de San Miguel, aseguraron además que nueve de los once miembros de este espacio están en contra de realizar el cambio.