A raíz de las distintas denuncias en el sector oriente de Santiago tras la investigación por eventual corrupción contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, la bancada de la Democracia Cristiana pidió "urgencia legislativa" para el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de auditorías en los municipios cada vez que inicie un periodo.

Ingresada el pasado 6 de julio, la iniciativa es de autoría del diputado Gabriel Silber, quien acompañado de sus pares Gabriel Asencio, Manuel Antonio Matta, Joanna Pérez y Jorge Sabag pidió celeridad en la tramitación. Actualmente está siendo discutida en la Comisión de Gobierno Interior.

Silber aseguró que el proyecto "responde a una imperiosa necesidad de avanzar en transparencia y combate al manejo de recursos públicos que hemos observado no en uno, sino en varios municipios del país, comenzando por la situación que hoy vive la municipalidad de Vitacura".

Además, el legislador recordó "la historia de los oscuros manejos de dineros pasó sin duda la municipalidad de Viña del Mar, pero hoy vemos como el caso de Vitacura va aumentando en gravedad, siendo los vecinos los principales afectados y obviamente le fisco, sumándose numerosas auditorías que varios alcaldes están pidiendo en el país".

"Por ello, estimamos que estas revisiones deben estar establecidas por ley. Estamos pidiendo urgencia para esta iniciativa de manera que cada vez que termine un periodo de administración en las municipalidades, la auditoria sea inevitable y obligatoria", sentenció.

La propuesta consta de dos artículos. El primero busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, estableciendo que la contratación de una auditoría externa al inicio del período pase de ser una facultad a una obligación, debiendo ser realizada por quienes se encuentren inscritos en el registro que al efecto llevará la Contraloría General de la República.

Según acusa el proyecto, los concejos municipales no siempre hacen uso de la atribución, especialmente si pertenecen a la misma coalición política del alcalde saliente.

En tanto, el segundo artículo establece la misma obligación para los gobiernos regionales mediante la modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Además, propone que el alcalde saliente deba asistir de manera obligatoria a la ceremonia de cambio de mando.