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Cancillería acusa que fiscal de Venezuela busca “desviar la atención” respecto a búsqueda de prófugos. Descarta romper relaciones

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se refirió a los dichos del fiscal venezolano, Tarek William Saab, tras el crimen del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno, descartando romper relaciones con el país que gobierna Nicolás Maduro.

De la Fuente señaló en primera instancia que "Están todos los mecanismos que tenemos a disposición en evaluación, entre ellos la posibilidad de llamar a consulta al nuestro embajador en Venezuela, pero por lo pronto estamos esperando alguna respuesta respecto a la situación y la nota de protesta en particular que hemos planteado".

"Y respecto a romper relaciones, que es algo que ha estado en la discusión que han planteado algunos parlamentarios, yo creo que ayer nuestro canciller fue claro y categórico. Nos interesa avanzar en la investigación, nos interesa que el Ministerio Público pueda hacer su tarea y para eso necesitamos cooperación, y, por lo tanto, no está en discusión, porque creemos que si rompemos relaciones evidentemente se dificulta la situación respecto al desarrollo de la investigación", agregó.

Asimismo, la autoridad fue consultada por la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, esto bajo las declaraciones de la ministra Tohá. Respecto a esto comentó que "Estamos sin lugar a dudas evaluando cualquier mecanismo internacional, (...) por lo tanto, convocará a aquellos elementos que son propios de la relación bilateral, como entre ellos, por ejemplo, citar el convenido de Palermo eventualmente si es que las personas son capturadas".

Por su parte, también explicó cómo será el proceso de extradición una vez se capturen a los responsables de muerte del Ojeda: 
"Lo primero es que las personas sean apresadas, una vez apresadas, efectivamente la constitución venezolana no considera la extradición como mecanismo, pero sí existe un convenio que tanto nuestro país como Venezuela está suscrito, que es el convenido de Palermo, que supone que una vez que las personas son apresadas, Chile hace una solicitud para que esas personas se pongan a disposición de las autoridades competentes que esas personas deben ser juzgadas en territorio nacional", finalizó.