Por María Cristina Prudant

El Caso Caval comenzó en febrero de 2015 con la noticia que implicaba al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos y a su nuera, Natalia Compagnon en un negocio oscuro con tráfico de influencias, información privilegiada y conflicto de interés, al menos es lo que se supo en principio. Es decir, en febrero de 2018 ya se cumplirán tres años de este caso aún abierto en la justicia y que ha derivado a una serie de otras aristas.

Con el correr del tiempo, el Caso Caval en su esencia, ha quedado en el camino. La compra de terrenos en Machalí, que se convertiría en una mina de oro al venderlo, por la promesa que en un tiempo más se concretaría el cambio de suelos de agrícola a urbano. De hecho, por eso fue vendido en una cifra millonaria.

En total eran 44,3 hectáreas que fueron compradas en $7.500 millones y vendidas en $9.500 millones. O sea, el negocio era muy bueno. Compagnon y sus socios de Caval habrían obtenido como ganancia $2.500 millones.Y uno de los aspectos cuestionados fue que Compagnon y Dávalos hablaron con Andrónico Luksic dueño del BancoChile para que les prestara $6.500 millones para la compra de los terrenos que después tuvo que devolver con los intereses correspondientes que ascendieron a más de $500 millones.

La ganancia obtenida por esta “pasada”, como se conoce este tipo de negocio, es decir el cheque con $2.000 millones fue incautado a petición del fiscal que lleva la causa, Luis Toledo. Dicho documento lo emitió la empresa Silca a Caval, por la compra de  los terrenos en Machalí.

La ganancia incautada

“Se tomó la decisión de solicitar la incautación judicial de los cheques y ahora están en poder del notario con una orden judicial necesariamente preventiva a la espera de analizar los antecedentes y pronunciarnos”, señaló Toledo.

En el escrito que representó a Compagnon en esa ocasión en el juicio se leía: “la acción del Ministerio Público me ha privado injustamente del libre ejercicio de mi patrimonio al retener a través de la incautación de documentos, el pago de un cheque por la venta de los terrenos ya indicada, cuyo dominio ya se encuentra inscrito a nombre de la parte querellante”.

El terreno fue vendido a la inmobiliaria Ruta 86, de propiedad de Hugo Silva, y su precio equivale al valor comercial de los tres predios y al potencial inmobiliario del sector, siempre y cuando se produzca el cambio de suelo que siempre estuvo en los planes del municipio local y era casi un hecho, pero como esto se convirtió en un negociado las cosas cambiaron y aún está en statu quo.

En cuanto a la situación de los terrenos antes de que fueran materia de discusión pública pertenecían a Patricio Weisner de 78 años, quien durante años fue exportador de frutas a estados Unidos y Asia. Sin embargo, todo cambió cuando el año 2008 la devaluación del precio del dólar afectó la productividad agrícola y Weisner acumuló millones de pesos en deudas. Pero, se vio en la obligación de vender las hectáreas al mejor postor que, en este caso, fue Mauricio Valero gerente de la empresa Caval.

Supermercados, gimnasio, locales comerciales

En la actualidad el empresario Hugo Silva, que compró los terrenos no se ha decidido aún por el tema inmobiliario porque al parecer, dicen que no sería de grandes ganancias. Según rumores que corren en Machalí y Rancagua, el empresario, dueño de Silka, construiría un gran gimnasio, un supermercado, una estación de servicio y locales comerciales por ahora.

El caso está lejos de cerrarse porque los protagonistas se multiplicaron y la Fiscalía decidió investigarle la vida comercial y laboral a Compagnon con lo que han salido nuevos hechos considerados importantes.

De hecho, uno de los principales involucrados en el caso, que todo apunta a que fue quien armó el Caso Caval, Juan Díaz de la UDI, fue el primer condenado.

El primer condenado Caso Caval

La justicia condenó al ex operador político de la UDI por soborno reiterado y delitos tributarios. El Tribunal de Garantía de Rancagua tiene el convencimiento de que el gestor inmobiliario sobornó a ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí y fue cómplice de ventajas indebidas al amparo de la Ley de Quiebras. A eso se suman las declaraciones del yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovic y de su propia hija Asunción, quienes lo acusan de intentar "ocultar" su nexo con el caso que afectó a la Presidenta Michelle Bachelet.

En esta causa, que al final fue un juicio abreviado, la Fiscalía Regional de O'Higgins pidió una pena por soborno de tres años, más 61 días por delitos tributarios y otros 61 días por infracción a la Ley de quiebras, además de una multa de $116 millones y 10 UTA por los delitos tributarios.

"Eso nos da la razón desde el momento mismo en que formalizamos y comunicamos los hechos", sostuvo el jefe fiscal de Rancagua, Sergio Moya, agregando que en el caso del ex militante de la UDI, "nos dejan conforme toda vez que es producto de una larga investigación y del trabajo de Carabineros".

La sentencia determina que, Díaz, cumplirá tres años de presidio remitido  mediante una remisión condicional por el delito reiterado de soborno. También se le condenó al pago de una multa de $116 millones, equivalentes a 2.484 UTM.

El tribunal consideró las pruebas documentales, peritajes y testimonios presentados por el Ministerio Público, en especial lo relacionado con el cambio del plano regulador, lo que abre un complejo escenario para los acusados mencionados en la sentencia, particularmente contra el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín; el ex director de Obras Municipales Jorge Silva Menares; su esposa, Marisol Navarrete, y Cynthia Ross, arquitecta que fue contratada en la municipalidad por Silva Menares.

En la resolución no se menciona a Sebastián Dávalos ni a los socios de Caval, Natalia Compagnon o Mauricio Valero.

En tanto, el 4 de diciembre se realizará el procedimiento abreviado del síndico Herman Chadwick, quien arriesga hasta 5 años y un día por otorgar ventajas indebidas y delitos tributarios, y para el 5 de diciembre la audiencia de preparación del juicio oral para Valero, Compagnon, la arquitecta Cynthia Ross, Patricio Cordero y Nibaldo Mora.

La verdadera campaña del terror

Alguien se imaginó, cuando apareció el denominado Caso Caval, que lo que se buscaba era destruir el liderazgo de la Presidenta Michelle Bachelet  debido a las ambiciones de la derecha de querer gobernar el país durante muchos años para instaurar su modelo económico basado sólo en el mercado y nunca en las personas y sin ningún sentido social. Protagonista de esto es las UDI y recordemos que Juan Díaz (UDI), el primer condenado entre los acusados del caso Caval fue la persona que le propuso la idea de comprar los terrenos en Machalí a Natalia Compagnon.

Desde el primer día de gobierno, el ex presidente Sebastián Piñera inició su campaña para volver a La Moneda y siempre su rival fue la mandataria y no los otros candidatos que fueron surgiendo en el camino. Hasta el momento la única persona respetada y querida por los chilenos era Bachelet y por tanto había que idear algún plan maquiavélico para destruirla y a su gobierno también. La UDI estaba manchada por la corrupción con sus principales líderes desprestigiados como Jovino Novoa, Pablo Longueira y otros. 

La idea era oponerse a todo y encontrarlo todo malo. Primero fue la reforma Tributaria que subió los impuestos a los más ricos y le cerró algunos caminos para eludir y evadir la tributación. Siguieron con la educación, sobre todo la gratuidad. A tal punto llegaron, que hubo mucha gente que se manifestó en contra de que sus hijos puedan estudiar gratis. Y las encuestas, como ya sabemos hoy, manejadas por ellos decían que la gran mayoría del país estaba en contra de las reformas del gobierno.

Era muy extraño que las familias que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados no quisieran la gratuidad, es decir, preferían pagar cuando a todas luces es lo mejor que le ha podido pasar a muchas familias de este país que sus hijos puedan estudiar gratis en básica y en la educación superior.

 
Casi 300 mil familias favorecidas por la gratuidad 

 
Este año (2017) más de 257 mil jóvenes están estudiando con gratuidad en la educación superior. Esta cifra representa el 25% de la matrícula de pregrado de todo el sistema, lo que implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin pagar ni matrícula ni aranceles.

Son 143.637 jóvenes que accedieron este año al beneficio, de los cuales 91.601 están en el primer año de su carrera, y 52.036 son alumnos de cursos superiores. Ellos se suman a los 113.393 estudiantes que renovaron y que pertenecen a la primera generación de beneficiarios de esta política pública, que empezó a implementarse en 2016. Además están los beneficiados de los institutos técnico profesional.

Es posible que ninguna de las personas beneficiadas haya sido consultada por encuestadores sobre el gobierno y la gratuidad en la educación superior para que las encuestas mostraran resultados más coherentes con lo que estaba pasando, que no es que el país se ha estado cayendo a pedazos como lo instaló la derecha. Ahora todo el país sabe que las encuestas no eran de confiar, estaban casi todas arregladas, compradas por la derecha.

En toda esta vorágine creada por Chile Vamos, muy especialmente por la UDI, con sus amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), interpelar a ministros, acusaciones constitucionales, denuncias a la Contraloría y otros, era lógico pensar que algo se cocinaba en la cocina de la derecha.