Un nuevo antecedente surgió en relación con el polémico Caso ProCultura.
El escándalo tomó relevancia tras la acusación sobre un posible financiamiento irregular a la campaña presidencial de Gabriel Boric con fondos recibidos por convenios estatales por parte de ProCultura, fundada por el siquiatra Alberto Larraín, amigo del mandatario, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la interceptación telefónica del jefe de Estado.

La solicitud, realizada por el fiscal Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria, fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Según el documento judicial, Fiscalía aseguró tener una “confesión” de que dineros obtenidos por la Fundación Procultura a través de convenios con entidades públicas habrían sido desviados a la campaña del actual Presidente.

Sin embargo, un reportaje de Ciper desmintió esta jornada el origen de esos fondos, afirmando que se trataba de aportes de empresas privadas —Enel, Anglo American y Minera Candelaria—, y asegurando que no existe evidencia hasta ahora de que ese dinero haya sido destinado a fines electorales.

El supuesto indicio clave en que se apoyó Fiscalía para solicitar el “pinchazo” telefónico fue una escucha de la PDI realizada el 14 de octubre de 2024.

En la grabación, una mujer identificada como “Lucía” —hoy se sabe que se trata de Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros—, afirmó que Larraín le dijo que no le pagaría una deuda porque “la plata se gastó en la campaña del Boric”, según consigna CNN Chile.

Es necesario mencionar que Procultura mantiene una deuda de $41,9 millones con la empresa Andros, por servicios de impresión realizados en el segundo semestre de 2023.

Los trabajos fueron parte de cuatro proyectos culturales financiados vía donaciones privadas bajo la Ley de Donaciones Culturales.

Según el reportaje de Ciper, los fondos no tenían origen público, como sostuvo la Fiscalía.

Además, se indicó que los fondos en disputa no solo no provenían del Estado, sino que tampoco hay evidencia en la carpeta investigativa que demuestre que llegaron a la campaña presidencial de 2021.

De hecho, las facturas emitidas por la imprenta Andros fueron fechadas entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la elección.

También se dio a conocer que Lucía Bustamante figura como proveedora del Servel y trabajó efectivamente para la campaña de Boric, facturando cerca de $25 millones por volantes electorales.