Más allá de las reacciones políticas que provocó el listado de ministros que eligió el presidente electo Sebastián Piñera para la primera parte de su segundo gobierno, lo que llamó la atención fueron las inversiones que poseen algunos de los futuros personeros en sectores económicos que tienen relación con las carteras en las que van a desenvolverse.

 

Por ejemplo, Gerardo Varela, futuro ministro de Educación, tiene participación en la empresa “Progreso Regional Aquinas S.A.”, la que se dedica a “proyectos educativos en cualquier ámbito de la formación educacional”, según datos que publicó La Tercera.

 

En tanto, Gloria Hutt, nominada en Obras Públicas por Piñera, fue asesora hasta diciembre pasado de la empresa Tur Bus, firma que aspira a ganar la licitación de tres tramos del Transantiago entre 2018 y 2028. Además, fue “gestora de intereses” dentro de una empresa que creó con el extitular de Transportes Pedro Pablo Errázuriz, “Sociedad de Inversiones y Consultoría Quiz SPA”.

 

 

Además, Emilio Santelices, nuevo jefe de Salud desde marzo, posee acciones de menos del 1% en la Clínica Las Condes, ha participado en cinco sociedades médicas desde 1990 a la fecha y desde abril de 2017 es socio de “Inversiones Estoril Salud SPA”.

 

Por su parte, la próxima ministra de Energía, Susana Jiménez, es esposa de Marcos Comparini, alto ejecutivo de las empresas Penta que fue involucrado en la formalización del exadministrador electoral de Piñera, Santiago Valdés. Dato relevante: Jiménez será parte del comité de ministros que podría revisar el caso de la Minera Dominga, de acuerdo a lo que falle el tribunal ambiental, cuyos dueños son la familia Délano (propietarios de Penta).

 

Para finalizar los parlamentarios que serán ministros: Baldo Prokurica (Minería) tiene participación en las sociedades agrícolas Longomilla y Konavle; Hernán Larraín (Justicia), Felipe Ward (Bienes Nacionales) algo similar en Ediciones y Marketing Limitada y Alberto Espina (Defensa) es socio de Inversiones y Rentas El Peral e Inversiones La Colina.

 

 

Ante esta situación, sumada a los ministros con alto patrimonio, los senadores del PS y el PPD Rabindranath Quinteros y Jaime Quintana exigieron que tanto Piñera como los ministros que acaba de nombrar entreguen sus bienes a un fideicomiso ciego en los casos que corresponda.

 

La Ley 20.880 obliga desde 2016 a que los ministros que tengan más de 25.000 UF en acciones ($670 millones) las entreguen en mandato a instituciones financieras para su administración.

 

Fue así como Alfredo Moreno, titular de Desarrollo Social, anunció que iba a someterse a dicha norma para abocarse en un 100% al cargo.

 

 

Lo singular es que los mismos legisladores de la Nueva Mayoría instaron a que el fideicomiso se efectúe antes del cambio de mando, lo que fue criticado por el director de Chile Transparente Alberto Precht.

 

“La Ley 20.880 es muy estricta y evidentemente entra a regir cuando asumen las autoridades, no antes. No tiene sentido adelantar estas normas, porque no podrán ser fiscalizadas ni por la Contraloría ni por la Superintendencia, porque no son funcionarios públicos. Por lo tanto, si alguien hiciera antes un mandato de administración porque tiene más de 25 mil UF en acciones, ese mandato sería solamente una buena práctica, pero no necesariamente tendría que ver con el estándar legal”, explicó a La Segunda.

 

Más allá de lo que determinen Felipe Larraín (Hacienda), Juan Andrés Fontaine (Obras Públicas) y José Ramón Valente (Economía), Santelices declaró que venderá sus acciones de CLC para no tener problemas.

 

Previendo dificultades, Marcos Comparini, marido de Susana Jiménez, decidió denunciar al directorio de la empresa Energía Latina (Enlasa) el pasado martes.