Por Mario López M.

Le dolió a cuatro ex comandantes en jefe de ramas de las Fuerzas Armadas el fallo en el caso Frei Montalva y el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por torturas a 24 prisioneros políticos. Tanto así, que por vía de una carta publicada en El Mercurio (dónde más), se victimizan y denuncian una “supuesta campaña” que les afecta, realizando de paso una dura crítica a los tribunales de justicia.

No se trata de cualquier ex comandante en jefe, sino que de algunos de quienes han tenido trayectoria política derechista, tras dejar el uniforme. Los ex jefes militares y de carabineros firmantes de la carta, son Oscar Izurieta Ferrer (Ejército y ex subsecretario de Piñera), Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (ex jefe del Carabineros y ex senador designado por Pinochet).

“En los últimos años sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos han impulsado una campaña (para) amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”, reclamaron los ex uniformados.

Según ellos, las FF. AA. han dado "plena colaboración" en materia de DD. HH., al paso que aseguran que desde el gobierno de Patricio Aylwin “ha habido una especial preocupación, llevándose adelante diferentes iniciativas, comisiones y leyes tendientes a obtener verdad, justicia, reparación”, las que han contado con el apoyo de las ramas armadas “con el espíritu de sanar las heridas del pasado”.

Olvidan, que en la única comisión en que participaron, entregaron datos falsos acerca del destino de detenidos desaparecidos, informando que ellos habían sido (todos) lanzados al mar tras ser secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer, siendo que a los pocos días aparecieron cuerpos de algunos de ellos en Peldehue, donde fueron ejecutados y enterrados clandestinamente.

También olvidan que en el caso Frei, destruyeron evidencia, razón por la cual la Corte Suprema ordenó al juez Madrid reabrir la arista acerca de la desaparición de los antecedentes sobre el asesinato del exmandatario que el Ejército destruyó.

para estos militares y políticos, “muchos de los uniformados condenados o procesados lo han sido solo por presunciones, sin que haya sido posible acreditar efectivamente su participación en los ilícitos investigados”. 

Una presunción, es determinar hechos desconocidos a partir de hechos que sí son conocidos. En estos casos, se ha determinado que ha habido secuestros, quiénes participaron de ellos, dónde fueron llevadas las personas plagiadas, cómo fueron maltratadas y que nunca más aparecieron. Eso es una presunción clara que quienes los secuestraron y torturaron, son los que saben donde están y callan, deliberadamente. 

Cheyre el favorito

desde luego no solo reclaman del caso Frei, también lo hacen respecto del procesamiento ex comandante en jefe del Ejército, general (r)  Juan Emilio Cheyre, quien fue encausado por las torturas sufridas por 24 prisioneros políticos en La Serena, lugar en que ejercía mando.

Como se recordará, Cheyre ya se encuentra condenado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en esa ciudad.

Según estos ex uniformados que entran de lleno a la política, “un ejemplo paradigmático es la arbitrariedad con que se ha juzgado y se sigue juzgando al general Juan Emilio Cheyre, ahora por hechos prácticamente imposibles de acreditar 45 años después de su eventual ocurrencia”.

Olvidan los ex funcionarios de Pinochet y Piñera, que las víctimas reconocieron a Cheyre participando o presente en sus torturas.

"El mantener a este sistema procesal antiguo, más la aplicación de leyes con efecto retroactivo y el uso de ficciones jurídicas produce una situación de denegación de un debido proceso y de desigualdad ante la ley”, señalan.

“El doble estándar y la injusticia que afecta a personal que perteneció a instituciones fundamentales se ha denunciado reiteradamente, pero frente a ello no hay receptividad en parte importante del mundo político, comunicacional y judicial”, alegan. 

¿Y qué pasó con los miles de recursos de amparos rechazados sin ni siquiera haberse investigado en dictadura? ¿Habrán dicho algo de esa "denegación" de justicia?

para ellos, “aquí está(n) fallando las principales instancias que le dan sustento a la institucionalidad de la República. Ello no es positivo para la imagen del país, para su convivencia interna ni para la seguridad de Chile (sic)”.

No conformes con eso, hacen un “ferviente” llamado a las “instituciones políticas del Estado a reflexionar sobre esta injusticia y tomar las medidas remediales pertinentes”. 

No se quedan en los llamados, también advierten que “Chile no debe debilitar su convivencia, ya que afecta a su estabilidad democrática. La justicia, institución fundamental, debe ser un ejemplo de rectitud, imparcialidad y de igualdad ante la ley. La República es el bien mayor a proteger y, con ello, a las instituciones que la hacen posible”, concluyen.

Quién es quien, en los firmantes

El general Izurieta, luego de dejar el Ejército, cargo que ocupó desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de marzo de 2010, asumió el 25 de marzo de ese mismo año como subsecretario de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera, y se mantuvo en el cargo durante toda esa administración. 

Como se recordará, el general en retiro Daniel Aberl, denunció haber sido presionado por el auditor del Ejército, para “salvar” al ex comandante jefe Oscar Izurieta, en el caso FAM. El diputado manuel Antonio Matta informó que ,“un general en retiro acuse que, para proteger eventuales acusaciones al ex comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, se le ofrezca ser recontratado es algo sumamente grave y debe ser aclarado”.

Añadió Matta “que el actual jefe de la justicia castrense, general (J) Felipe Cunich Mas, le haya prometido una recontratación si es que asumía la responsabilidad administrativa, para salvar al ex comandante en jefe Óscar Izurieta, es algo que no puede ocurrir al interior del Ejército, menos cuando tenemos a una institución enfrentando una tremenda crisis por fraude al fisco”.

Ortega Perrier, como se recordará, fue Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile desde el 2006 hasta el 5 de noviembre de 2010. En su calidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, se ha transformado en un vocero de los militares condenados por DD. HH.  y es un habitual visitante de la cárcel de Punta Peuco para acompañar a sus ex compañeros de armas que purgan condenas. "En Chile se abolió la pena de muerte. Pero cuando uno condena a una persona de 90 años a 10 años, lo está mandando a morirse”, ha dicho.

Por su parte, Miguel Angel Vergara Villalobos ex jefe de la Armada en el período 2001-2005, es un habitual opinólogo en medios de comunicación y redes sociales sobre materias de DDHH, donde acusa una “persecución” a los uniformados que participaron de atrocidades en la dictadura.

Varios ex marinos, entreb ellos Óscar Carvajal Gallardo,  entregaron sus testimonios consignados en el Informe Valech donde se asegura que el entonces jefe del departamento de electrónica del destructor "Cochrane", el teniente primero Miguel Angel Vergara Villalobos, fue la persona que los envió ante sus torturadores.

Cierra la nómina, de lo que se ha llamado el "brazo armado de la derecha", Fernando Cordero Rusque, quien  fue director general de Carabineros entre 1995 y 1997, y luego llegó al Congreso en su calidad de senador designado por el período comprendido desde 1998 a 2006.  Después quiso ser diputado por la UDI pero fracasó en su intento.

Cordero Rusque ha sido involucrado en los casos de las parcelas de lujo de carabineros y  cuyos hijos están involucrados en licitaciones irregulares en Carabineros. También la Contraloría General de la República, en un dictamen cuestionó que el retirado general director, Fernando Cordero Rusque, usaran, luego de salir de su cargo, vehículos fiscales para uso personal.