La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la educación superior, emblemática iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet que establece por ley la política de la gratuidad.

De esta manera, el texto se encuentra listo para su promulgación, luego que en la sesión de la mañana de este miércoles, los diputados visaron los cambios introducidos en el Senado y que derivaron en una discusión por cinco meses en segundo trámite.


En el debate, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, pidió una votación separada en temas como llevar la gratuidad a todos los establecimientos sin distinción y garantizar la autonomía de las universidades privadas.

"Nunca hemos dicho que la sociedad civil no pueda participar, nunca hemos dicho que solo el Estado es bueno. Así como muchas veces se esgrime que en el Estado no son ángeles ni santos los que están operando, en la sociedad civil tampoco", aseveró.

"La diferencia es que tenemos menos control civil sobre los aspectos de la sociedad civil y muchas de las regulaciones tienen que ver con eso", planteó.

El parlamentario aseveró que "hay modificaciones del Senado que le hacen mal a este proyecto, lo dejan peor de lo que salió desde esta Cámara, que son de fondo y que afectan el futuro del sistema de educación superior y nosotros al menos no lo vamos a aprobar".

Estas palabras enfrentaron una fuerte crítica de Jaime Bellolio (UDI), quien aseguró que "no basta entonces con simplemente decir que uno apoya los derechos sociales sino que a la vez tiene que decir cómo esto se logra. Lo que no vamos a estar nunca disponibles a hacer es que bajo la mirada supuesta o la vestimenta del derecho social, algunos pretendan apropiarse y eliminar la autonomía de las universidades".

"Otros decían que aquellos que estudian en CFT e IP es porque no les alcanzó para entrar en las universidades. ¿Qué se han creído? Son esos estudiantes los que se sacan la cresta todos los días, trabajan y estudian", dijo.

"Algunos que se dicen representantes de los estudiantes simplemente representan a una elite ultrona que está en universidades del Estado, en que ninguno de ellos ha representado jamás a los estudiantes de clase media que están en universidades privadas", recalcó Bellolio.

Además, el proyecto crea una Superintendencia de Educación Superior, una subsecretaría, controla el lucro en universidades y establece la obligación de la acreditación para iniciar un proceso de matrículas.