Hasta la Contraloría llegó este jueves un grupo de diputados de la Democracia Cristiana para solicitarle al organismo que se pronuncie a lo que califican como “un irregular e indebido uso de las redes sociales de cuentas institucionales del Gobierno, denostando la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad en torno a lo ocurrido por el salario mínimo”.

El documento de 14 páginas -firmado por los diputados Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi y Mario Venegas- explica que tras conocerse el resultado de la votación, tanto en las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo como en la Cámara de Diputados, distintas autoridades de gobierno utilizaron plataformas de redes sociales institucionales -como de las intendencias o gobernaciones- para referirse a lo ocurrido, según señala La Tercera.

En ese sentido, los parlamentarios explican que “cualquier alteración de las ya desequilibradas relaciones entre Ejecutivo y Congreso, propias de nuestro diseño institucional, termina afectando gravemente el trabajo parlamentario. El Congreso no cuenta con los recursos, despliegue, medios ni posibilidades para contrastar las informaciones parciales divulgadas por el Gobierno a través de todo el aparato de la Administración del Estado”.

Los parlamentarios adjuntaron en el documento capturas de pantallas, en las que se ven distintas cuentas de Twitter del Gobierno en las que critican lo resuelto el martes en el Congreso, utilizando el hashtag #NoalBloqueo.

Junto con ello, los diputados sostuvieron “que resulta evidente que las Intendencias, Gobernaciones y otros Servicios Públicos no tienen dentro de sus funciones y facultades relacionarse con el Congreso, ni mucho menos cuestionar el ejercicio de atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados o del Senado, como lo es la votación sobre un proyecto de ley o sobre las observaciones formuladas a él por el Presidente de la República”.

El diputado Raúl Soto sostuvo que lo que buscan con ello es “que se declare la ilegalidad de estos actos, que no se ocupen nunca más recursos públicos para establecer posiciones políticas o defensar corporativas de los partidos de Gobierno”.

“Aquí lo que ha habido es una verdadera campaña de la posverdad, una campaña de desinformación, que lo que hace es mentirle al país y a la ciudadanía para desconocer y no asumir la responsabilidad de este Gobierno por el fracaso del proyecto de reajuste de salario mínimo”, sostuvo el diputado DC.