Una hora y media duró la presentación del abogado, militante DC y ex subsecretario, Jorge Correa Sutil, que hizo una férrea defensa de la legalidad del actuar del ministro de Salud de Piñera, Emilio Santelices. 

En su presentación ante la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del secretario de Estado por el polémico cambio en el protocolo de la ley de despenalización del aborto, que luego fue declarado ilegal por la Contraloría, Correa afirmó tener la "esperanza" de que "esta no sea una votación en bloque". "Tengo la esperanza de que parlamentarios del Frente Amplio la voten en contra luego de haber escuchado la defensa", agregó. 

En su intervención negó un actuar ilegal de Santelices y aseguró que, tras el cambio al protocolo que posibilitó la objeción de conciencia institucional, "ninguna mujer que pidió atención para interrumpir su embarazo dejó de ser atendida".

Fuera de la presentación y ante los periodistas, el ex subsecretario del Interior dijo que "si la causa es injusta, defenderé a alguien del Frente Amplio, de la UDI o de lo que sea"

El primer capítulo de la acusación apunta a que la objeción de conciencia se debería haber dictado por un reglamento y no por un protocolo.

Al respecto, Correa Sutil apuntó a que fue la misma ley la que mandató a un protocolo para establecer la objeción de conciencia, "y por lo tanto amplió la órbita de lo que eran los protocolos y por lo tanto era plausible, era razonable, sostener que esto se tenía que regular por protocolo, como lo hizo -por lo demás- la anterior ministra de Salud, que no ha sido acusada constitucionalmente, tratándose de casos iguales al menos en el capítulo primero". 
 
Lo primero que señaló el militante DC es que "había que darle valor por ordenarlo así la ley, a dos principios que podían estar tensionados: la objeción de conciencia institucional -según reconoció el TC- y el derecho a la salud. me parece que el protocolo 2 equilibró de una manera distinta al protocolo 1, pero eso pasa cuando hay alternancia en el poder y cambios de gobierno".

Sobre los efectos del cambio, afirmó: "Mientras rigió el protocolo, antes de que lo dejara sin efecto la Contraloría, no se autorizó a ninguna entidad de las que tenían en convenio del DFL-36 para hacer objeción de conciencia institucional. La acusación radica en este punto, en haber permitido a organismos con convenio hacer objeción de conciencia". 

"Por lo tanto, por efecto del protocolo 2, ninguna mujer que pidió atención para interrumpir su embarazo dejó de ser atendida en razón del protocolo. Por lo tanto, no hay aquí ninguna infracción de ley, no hay ningún resultado de no prestación de servicio", sentenció.

Es así que durante la sesión afirmó que "la lógica nos obliga a concluir que el protocolo 2 no puede haber impedido una prestación de salud consistente en la interrupción del embarazo".

"No puede haberlo producido porque la gran acusación contra el protocolo 2 es que autorizó a hacer objeción de conciencia a las entidades que tenían DFL-36, pero ninguna de ellas hizo objeción de conciencia y fue autorizado. Ergo, no puede haber lógicamente -no fácticamente- ningún caso", remarcó.