Un supuesto atentado incendiario en 1989 y la quema de archivos en enero de 2000 por parte de la Dine, son la base de una investigación que lleva adelante el ministro Mario Carroza.
Esta indagatoria involucra a exmilitares, los que fueron citados a declarar el pasado 10 de abril, además de un careo del 2015 entre dos de ellos.
Además, lo que reviste extrema relevancia, es que en nueva información recopilada por Radio Bío Bío, se da cuenta de que el Alto Mando fue informado de la destrucción de estos microfilms de la CNI mientras se desarrollaba la Mesa de Diálogo.
Antecedentes
El 14 de noviembre de 1989, cerca de las 2 de la madrugada, la Escuela de Educación Física del Ejército, ubicada en Valenzuela Llanos 40, comuna de la Reina, sufrió un atentando incendiario.
En esas dependencias estaban los archivos de la subsecretaría de Guerra que contenían los expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973, una información clave en diversas causas de derechos humanos.
Además, a este primer informe elaborado por la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI, se suma una indagatoria sobre la quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, en enero de 2000.
Dicho acontecimiento también ha sido relatado por exmilitares en sus testimonios en el marco del llamado caso Frei, que investiga el ministro de la Corte Suprema, Alejandro Madrid.
Intervención del Alto Mando
Entre las indagatorias realizadas por el magistrado, uno de los militares que tuvo que atestiguar, reconoció y además dijo recordar que informó de la quema de microfilms a un miembro del Alto Mando.
Este punto se ha vuelto central en la indagatoria, porque en plena democracia los organismos de inteligencia de la dictadura seguían ejecutando sus políticas de seguridad nacional.
Democracia en riesgo
En medio de la tercera Feria de Derechos Humanos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue consultado por la situación de quema de archivos por parte del Ejército ya en democracia.
El secretario de estado indicó que “creo en la transparencia y lo ideal sería que todos los antecedentes pudieran ser conocidos, y deberá ser los tribunales los que entreguen un veredicto sobre esta situación e investigar las responsabilidades que puedan existir si alguien ha quemado evidencia”, explicó.
Sobre la responsabilidad del Alto Mando el Ministro confesó “no manejar antecedentes sobre ese particular, pero el hecho de que se quemen antecedentes que pueden ser parte de una investigación judicial tiene que ser considerado para los efectos de ver si se ha cometido algún acto indebido”, concluyó.
Consultado Eugenio Ortega, hijo de Carmen Frei y nieto de Eduardo Frei Montalva, tiene la convicción de que “los responsables ya confesaron lo que hicieron, porque firmaron un informe y después no quedaron dudas con el sumario”, comentó.
“Hoy solamente nos queda un paso por dar y nos vamos al plenario donde resuelve el juez Madrid. Aquellos que son responsables han buscado por todos los medios enlentecer y retrasar el proceso, pero esto es solo cuestión de tiempo”, aseveró Ortega.
Sobre lo que han tenido que vivir como familia y de las experiencias que han tenido que atravesar Eugenio Ortega suena esperanzado: “La justicia llegará con el tiempo, tengo mucha confianza en ello”, finaliza.
Quien también se refirió a la situación fue el abogado de la familia Frei, Nelson Caucoto, que profundizó respecto a la investigación penal que debe realizarse.
"Se debe buscar una manera de que judicialmente haya una investigación seria y profunda acerca de quiénes son los responsables de que se destruyera información valiosa en este caso y que ello redunde, precisamente, en obstruir las investigaciones criminales, encubrir las acciones criminales", aseveró sobre el caso que quiere transparentar la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
El jurista recalcó que "eso va mucho más allá que una simple irregularidad de carácter administrativo que pudieran darse por sobreseída", argumentó.
